miércoles, mayo 03, 2006

LA REVOLUCIÓN DE MAYO DE 1810

lunes, abril 10, 2006

Cuando y Por que? Semana Santa

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lunes, marzo 27, 2006

"Día del Veterano y de los Caídos en la guerra en Malvinas"











Marcha de las Malvinas
(Letra: Carlos Obligado - Música: José Tieri)

¡Tras su manto de neblinas,
no las hemos de olvidar!
"¡Las Malvinas, argentinas!",
clama el viento y ruge el mar.
Ni de aquellos horizontes
nuestra enseña han de arrancar,
pues su blanco está en los montes
y en su azul se tiñe el mar.

Por ausente, por vencido,
bajo extraño pabellón,
ningún suelo más querido
de la Patria en la extensión
¿Quién nos habla aquí de olvido,
de renuncia, de perdón?
¡Ningún suelo más querido
de la Patria en la extensión!

¡Rompa el manto de neblinas,
como un sol, nuestro ideal;
"Las Malvinas, argentinas,
en dominio ya inmortal"!
Y ante el sol de nuestro emblema,
pura, nítida y triunfal,
brille, ¡oh Patria!, en tu diadema
la perdida perla austral.

Coro
¡Para honor de nuestro emblema,
para orgullo nacional,
brille, ¡oh Patria!, en tu diadema
la perdida perla austral!


No las hemos de olvidar
"En la madrugada del 2 de abril de 1982, tropas argentinas que integraban el Operativo Rosario recuperaron por la fuerza sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich e Islas del Atlántico Sur al tomar el control de Puerto Argentino (Puerto Stanley), capital del archipiélago.Así comenzó la llamada "Guerra de Malvinas" que finalizó 74 días después, el 14 de junio -a las 16 hs.- cuando las tropas argentinas finalmente se rindieron.La Guerra de Malvinas es una historia plagada de desventuras personales, errores políticos, ignorancia diplomática e improvisación militar.Sin embargo, la sumatoria de errores y horrores no logran empañar la entrega, abnegación y valor de quienes entregaron con sacrificio sus vidas defendiendo la soberanía territorial argentina. Un reconocimiento al honor, que perdura por sobre las circunstancias y la temporalidad del hecho histórico.La derrota en la Guerra de Malvinas aceleró la caída del gobierno militar y la recuperación de las instituciones democráticas."
Hacia marzo de 1982, el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional había entrado en una etapa de franca decadencia. La primera sucesión presidencial, de Videla a Viola, terminó a fines de 1981 con un aparente episodio cardíaco que le imposibilitaba al Tte. Gral. Roberto Viola continuar al frente del Ejecutivo. Lo cierto es que el entonces Comandante en Jefe del Ejército, Tte. Gral. Leopoldo F. Galtieri, movido por apetencias personales y el guiño de los EE.UU., había presionado a Viola a renunciar a la Presidencia.Si bien fue el mismo Galtieri el que pasó a la historia como el responsable y gestor de la decisión de recuperar las islas por la fuerza, hay quienes sostienen con sólidos argumentos que fue el Almirante Jorge Anaya, entonces Comandante en Jefe de la Armada, el mentor de la idea; y que tal propósito había actuado como condición para apoyar a Galtieri en la sucesión de Viola.

LOS INICIOS
A las 23.30 hs. del jueves 1° de abril de 1982, alrededor de 60 hombres de la agrupación Buzos Tácticos desembarcaron en Puerto Enriqueta, al sur de la Bahía de la Anunciación. El segundo gran desembarco se concretó a las 3.45 hs. del viernes 2 de abril cerca del faro San Felipe, donde se destruyó una alarma eléctrica conectada con el cuartel inglés.Cuando las tropas argentinas llegaron al aeropuerto se encontraron con la pista cubierta de vehículos, maderas, hierros y grandes trozos de turba, lo cual fue un indicativo de que se aguardaba de alguna manera una ofensiva militar argentina. Allí, en el aeropuerto, tuvo lugar el primer enfrentamiento armado con un grupo de marines, quienes fueron rápidamente disuadidos. Paralelamente, otro grupo no encontró resistencia al entrar al cuartel de los marines, quedando como último objetivo la casa del gobernador Rex Hunt.Para esa hora se difundía un mensaje en inglés, por la emisora de la isla, en donde se informaba sobre el desembarco argentino y se solicitaba a la población que permaneciera en sus casas.Aproximadamente a las 8.45 hs. hubo un fuerte enfrentamiento en la casa del gobernador de las islas, en donde cayó muerto el capitán de corbeta argentino Edgardo Giachino y fueron heridos de gravedad el Tte. de Fragata Diego García Quiroga y el Cabo Segundo Ernesto Urbina. El gobernador Rex Hunt finalmente se rindió, y negoció su entrega entre las 9 y las 11.20 hs.Una hora antes, la Radio Malvinas ya integraba por primera vez en su historia la cadena de LRA Radio Nacional.La recuperación de las islas sin provocar bajas para los británicos había sido casi una condición que se habían autoimpuesto los militares argentinos. El no derramamiento de sangre inglesa podría facilitar las negociaciones posteriores.Comenzaba uno de los más tristes capítulos de la historia argentina.

LOS ERRORES DE LA GUERRA
Políticos: Los militares argentinos no creyeron nunca en la posibilidad de reacción militar de Gran Bretaña. Menos aún que enviara su poderosa flota a las Islas. Para ellos, la presencia argentina en Malvinas serviría como presión para convencer definitivamente a Gran Bretaña de renunciar a sus reclamos por la soberanía de las Malvinas. La guerra como hipótesis no existía.Por otra parte, no tuvieron en cuenta que la comunidad internacional no iba a permitir nunca que se rompiera o modificara el equilibrio mundial y que una nación subdesarrollada de latinoamérica tuviera la más mínima posibilidad de salir airosa en una provocación de fuerza frente a una nación desarrollada del continente europeo.Diplomáticos: Los argentinos creían que el Consejo de Seguridad de la ONU, seguramente convocado de urgencia ante la gravedad de los hechos, iba a resolver favorablemente a la posición argentina. Sin embargo, el sábado 3 de abril el Consejo ordenó el inmediato retiro de las tropas argentinas de las islas.Además, los argentinos imaginaban que los Estados Unidos se mantendrían neutrales, teniendo en cuenta la existencia del T.I.A.R. (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) que, entre otras cosas, obligaba a todos los países de América a asistirse ante la agresión militar de una nación extracontinental. Lo que la diplomacia argentina no tuvo en cuenta fue la existencia de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) del que EE.UU. y Gran Bretaña son parte, además de ser aliados y compartir raíces históricas y culturales.La Argentina había sido aliada de los EE.UU. en la resistencia a los intentos de imponer en América Latina gobiernos de sesgo izquierdista o pseudo marxista exportadas por el eje soviético. Ese era otro motivo por el cual "los argentinos habían creído que tenían una importancia disparatadamente exagerada para los estados Unidos", según se extrae del libro de memorias de Margaret Tatcher, primera ministra británica durante el confllicto.Militares: A partir de los errores políticos y diplomáticos que no imaginaron a la guerra como posibilidad, ni siquiera remota, es fácil entender la improvisación militar que sobrevino cuando los hechos se precipitaron de manera inesperada.A la diferencia natural de equipamiento, número de efectivos y capacitación, se le sumó una falta de conocimiento de las características del terreno, una escasa logística para las distancias e inclemencias del tiempo, y por sobre todo la ausencia de una flota de mar en un teatro de operaciones insular, es decir la falta de un portaaviones que permitiera mayor autonomía a los aviones argentinos. Estos operaban desde el continente y el combustible sólo les permitía efectuar cortos vuelos sobre las islas.Las islas, rodeadas por la flota inglesa, estaba a merced de los constantes bombardeos de sus aviones. La extensa costa facilitaba el desembarco de tropas y el posterior establecimiento de "cabeza de playa" para consolidarlo.La mayoría de los efectivos argentinos eran soldados conscriptos, es decir jóvenes no profesionales bajo bandera, como consecuencia de la ley de servicio militar obligatorio impulsada a principios del siglo XX por el Tte. Gral. Pablo Ricchieri. Los conscriptos no eran soldados profesionales, y muchos de ellos eran oriundos de regiones cuyas condiciones climáticas distaban de las de Malvinas. La adaptación al clima fue para ellos una guerra aparte.Al momento de intentar la recuperación de las islas, la disparidad de fuerzas entre las dos naciones era uniforme.
Durante la guerra, Argentina descubrió la hermandad latinoamericana. Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador, entre otras naciones, desde su pobreza, ofrecían su solidaridad, diplomática y real.Los combates y bombardeos fueron desde el 1º de mayo hasta el 14 de junio de 1982, en que los ingleses entraron a Puerto Argentino, capital de las Islas Malvinas, logrando finalmente la rendición de las tropas argentinas.La vuelta de las tropas argentinas al continente no tuvo nada que ver con la partida: a los jóvenes combatientes los esperaba en tierra firme el silencio, el olvido de las autoridades militares y las secuelas físicas y espirituales.

REFLEXIÓN FINAL
Como todo acontecimiento importante de la historia reciente, es difícil abstraerse del hecho de haber sido testigo o partícipe. La Guerra de Malvinas, además de finalizar con una derrota (algo que tiende a potenciar los errores y minimizar los aciertos o virtudes) constituyó una decisión política improvisada cuyas consecuencias no se midieron, algo que siempre es grave en cuestiones de estado, más aun si el hecho es una guerra: Los errores en la guerra se pagan con muertes.Los "militares argentinos" que decidieron y condujeron la guerra eran, antes que militares, "argentinos", y reflejaron a través de su irresponsabilidad muchos de los defectos de la cultura argentina en todos los ordenes. La soberbia, el triunfalismo, como el derrotismo y la improvisación son algunas de las características propias de la sociedad argentina de los últimos años.Si Malvinas fue una aventura descabellada, ¿cómo es posible que desde el primer momento el pueblo argentino mostrara un apoyo incondicional a la causa? Si las tropas argentinas no podrían haber vencido nunca a las fuerzas británicas ¿cómo es posible que durante 73 de los 74 días que duró el conflicto el pueblo argentino creyó que triunfaba?La guerra de Malvinas fue un llamado de atención para un país al que le cuesta ser humilde y aprender de sus errores.

Más información:http://www.malvinasonline.com.ar/http://www.me.gov.ar/efeme/2deabril/index.htmlhttp://www.redargentina.com/malvinas-argentinas/
Biblografía:- "La Lección de Malvinas". Video oficial del Ejército Argentino (1992)- "Malvinas: el rescate del combatiente". Gonzalo Klappenbach (1992)

martes, marzo 07, 2006

24 de MARZO Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Algunas personas piensan que de las cosas malas y tristes es mejor olvidarse. Otras personas creemos que recordar es bueno; que hay cosas malas y tristes que no van a volver a suceder precisamente por eso, porque nos acordamos de ellas, porque no las echamos fuera de nuestra memoria.
Es el caso de la historia que vamos a contar aquí, algo que pasó en nuestro país hace ya veinticinco años, cuando todos éramos más jóvenes y muchos de los que están leyendo estas páginas ni siquiera habían nacido.
No es una historia fácil de contar justamente por eso, porque nosotros mismos fuimos protagonistas, porque lo que pasó nos pasó a nosotros y no a otras personas, porque son cosas que vimos con nuestros ojos, que vivimos en nuestro cuerpo.
El 24 de marzo de 1976 hubo un golpe de Estado.
Un golpe de Estado es eso: una trompada a la democracia. Un grupo de personas, que tienen el poder de las armas, ocupan por la fuerza el gobierno de un país. Toman presos a todos: al Presidente, a los diputados, a los senadores, a los gobernadores, a los representantes que el pueblo había elegido con su voto, y ocupan su lugar. Se convierten en dictadores. A los amigos los nombran intendentes, jueces, ministros, secretarios... así todo queda en familia. Se sienten poderosos y gobiernan sin rendirle cuenta a nadie.
Aunque, por supuesto, como no les gusta que los vean como a ogros, siempre explican por qué dieron el golpe. Por lo general dicen que es para "poner orden" en un "país desordenado". Dicen que hace falta "mano dura" para "poner las cosas en su lugar". Sólo que ponen las cosas donde a ellos les conviene. Como no creen en la democracia, tampoco creen en la opinión de las personas. Son tan soberbios que consideran que los únicos que saben lo que le hace falta al país son ellos y nadie más que ellos. Pero como en realidad no saben, y tampoco tienen costumbre de pensar ni de reflexionar demasiado, terminan haciendo estropicios y siempre pero siempre dejan al país un poco o mucho peor de cómo estaba.
En esos casos, las Fuerzas Armadas, que recibieron las armas para defender a los ciudadanos en caso de ataques extranjeros, las usan para golpear la democracia. Y ciertos grupos de civiles -los que no tienen ningún interés en los gobiernos democráticos- los incitan, los apoyan y los aplauden.
En la Argentina hubo varios golpes de Estado antes del que vamos a contar aquí. En 1930, cuando un general del Ejército, Uriburu, derrocó al presidente Yrígoyen; en 1943, cuando un grupo de oficiales derrocó al presidente Castillo y nombró en su lugar al general Ramírez; en 1955, cuando la Marina y parte del Ejército, con el general Lonardi a la cabeza, derrocó al presidente Perón-, en 1962, cuando derrocaron al presidente Frondizi; en 1966, cuando el general Onganía usurpó el lugar del presidente Illia... ¡Cinco golpes en 36 años! No fueron todos iguales, ni se produjeron en iguales circunstancias, pero todos desconocieron la Constitución, todos fueron un mazazo a la democracia. Y los argentinos, atontados con tanto golpe, terminamos pensando que era más o menos normal que cada tanto llegaran unos tipos con tanques y ametralladoras y se instalaran en la Casa Rosada.
Pero ninguno de esos golpes puede compararse con el que recordamos hoy, aunque la “mala costumbre" de los golpes haya ayudado mucho a que los golpistas se apropiasen con tanta facilidad del gobierno. Lo de 1976 y lo que sucedió después fue lo peor que nos haya pasado jamás en toda nuestra historia.
El 24 de marzo los argentinos que encendimos la radio nos enteramos de que las emisoras habían suspendido su programación habitual para "entrar en cadena”: eso quería decir que, en lugar de tangos, rock o boleros, íbamos a escuchar marchas militares, partes de guerra y discursos. Pero no nos imaginarnos que iba a ser tan diferente de otros golpes que ya habíamos vivido. Lo de la cadena radial era algo muy común en los golpes de Estado: los golpistas siempre tuvieron buen cuidado de, como primera medida, amordazar a muchos argentinos; una cadena radial no espantaba a nadie: a menudo los cómicos y los humoristas hacían chistes con ese asunto.
Sin embargo, esta vez iba a ser diferente.
Para empezar, no había sido un golpe del Ejército, o de la Marina y parte de Ejército, como otras veces, sino algo mucho más grande. Esta vez las Fuerzas Armadas en su conjunto se habían puesto de acuerdo para cortar de un hachazo el sistema constitucional. El "Órgano Supremo" que se hizo cargo del gobierno -a los golpistas les encantan las palabras altisonantes- era una Junta: estaba integrada por un general -Jorge Rafael Videla-, un almirante -Eduardo Emilio Massera y un brigadier -Orlando Ramón Agosti-. Los tres de perfecto acuerdo, los tres detrás de un único objetivo -o al menos era eso lo que decían en los discursos-: derrotar a la subversión, aniquilar la guerrilla.


El GOLPE del libro “El golpe y los chicos” de Graciela MontesEditorial: Gramón-Colihue De página 4 a página 8.

HIMNO NACIONAL ARGENTINO (versión completa)

Oid ¡mortales! el grito sagrado:
¡Libertad, Libertad, Libertad!
Oid el ruido de rotas cadenas:
Ved en trono a la noble Igualdad.
Se levanta la faz de la tierra
Una nueva y gloriosa Nación:
Coronada su sien de laureles
Y a sus plantas rendido un León
Sean eternos los laureles
Que supimos conseguir.
Coronados de gloria vivamos
O juremos con gloria morir.
De los nuevos campeones los rostros
Marte mismo parece animar;
la grandeza se anida en sus pechos,
A su marcha todo hace temblar.
Se conmueven del Inca las tumbas
Y en sus huesos revive el ardor,
Lo que ve renovando a sus hijos
De la Patria el antiguo esplendor.
Sean eternos los laureles
Que supimos conseguir.
Coronados de gloria vivamos
O juremos con gloria morir.
Pero sierras y muros se sienten
Retumbar con horrible fragor:
Todo el País se conturba por gritos
De venganza, de guerra y furor.
En los fieros tiranos la envidia
Escupió su pestífera hiel,
Su estandarte sangriento levantan
Provocando a la lid más cruel.
Sean eternos los laureles
Que supimos conseguir.
Coronados de gloria vivamos
O juremos con gloria morir.
¡No lo véis sobre Méjico y Quito
Arrojarse con saña tenaz,
Y cuál lloran bañados en sangre
Potosí, Cochabamba y la Paz!
¡No lo véis sobre el triste Caracas
Luto y llantos y muerte esparcir!
¡No lo véis devorando cual fieras
Todo pueblo que logran rendir!
Sean eternos los laureles
Que supimos conseguir.
Coronados de gloria vivamos
O juremos con gloria morir.
A vosotros se atreve ¡Argentinos!
El orgullo del vil invasor,
Vuestros campos ya pisa contando
Tantas glorias hollar vencedor.
Más los bravos que unidos juraron
Su feliz libertad sostener,
A esos tigres sedientos de sangre
Fuertes pechos sabrán oponer.
Sean eternos los laureles
Que supimos conseguir.
Coronados de gloria vivamos
O juremos con gloria morir.
El valiente argentino a las armas
Corre ardiendo con brío y valor,
El clarín de la guerra cual trueno
En los campos del Sud resonó,
Buenos Aires se pone a la frente
De los pueblos de la ínclita Unión,
Y con brazos robustos desgarran
Al ibérico altivo León.
Sean eternos los laureles
Que supimos conseguir.
Coronados de gloria vivamos
O juremos con gloria morir.
San José, San Lorenzo, Suipacha,
Ambas Piedras, Salta y Tucumán,
La Colonia y las mismas murallas
Del tirano en la Banda Oriental;
Son letreros eternos que dicen:
Aquí el brazo argentino triunfó
Aquí el fiero opresor de la Patria
Su cerviz orgullosa dobló.
Sean eternos los laureles
Que supimos conseguir.
Coronados de gloria vivamos
O juremos con gloria morir.
La victoria al guerrero argentino
Con sus alas brillantes cubrió
Y azorado a su vista el tirano,
Con infamia a la fuga se dió;
Sus banderas, sus armas se rinden
Por trofeos a la Libertad,
Y sobre alas de gloria alza el pueblo
Trono digno a su gran majestad.
Sean eternos los laureles
Que supimos conseguir.
Coronados de gloria vivamos
O juremos con gloria morir.
Desde un polo hasta el otro resuena
De la fama el sonoro clarín,
Y de América el nombre enseñando,
Les repite: ¡Mortales! Oid:
¡Ya su trono dignísimo abrieron
Las provincias unidas del Sud!
Y los libres del mundo responden:
¡Al Gran Pueblo Argentino Salud!


Por decreto del Poder Ejecutivo de fecha 30 de marzo de 1900, en las festividades oficiales o públicas, así como en los colegios o escuelas del Estado, sólo se cantará la primera y la última cuarteta y el coro de la canción sancionada por la Asamblea General del 11 de mayo de 1813.



HISTORIA DEL HIMNO NACIONAL ARGENTINO

El Triunvirato entendió que debía darle al pueblo un canto nacional de mayor importancia que el que hasta entonces se entonaba. En un oficio del 22 de julio de 1812, dirigido al Cabildo, sugería a éste que mandase a componer "la marcha de la patria", para ser ejecutada al principio de las funciones teatrales, debiendo el público escucharla de pie y descubierto, así como en las escuelas al finalizar diariamente las clases.
Luego de un tiempo, el 6 de marzo de 1813, la Asamblea mandó a componer la letra del Himno Nacional, la cual fue aprobada el 11 de mayo de 1813.
El título de nuestra máxima canción sufrió algunas alteraciones y cambios. En 1813 se lo llamó "Marcha Patriótica", luego "Canción Patriótica Nacional", y más tarde se lo conoció como "Canción Patriótica". Una copia de 1847 lo tituló como "Himno Nacional Argentino", denominación que recibe en la actualidad.
La letra del Himno Nacional estuvo a cargo de Vicente López y Planes y la música fue compuesta por Blas Parera.
Se estima que se entonó por primera vez antes del 25 de mayo de 1813, ya que el 28 de ese mismo mes, se cantó en un teatro, durante la función patriótica efectuada por la noche.

MODIFICACION DEL HIMNO NACIONAL PARA SER CANTADO

Tenido por himno nacional la Canción Patriótica de López; a través de un largo período de la nacionalidad fue interpretado de acuerdo con el texto original; mas desaparecido el furor de la contienda con España, en aras de un sentimiento legítimo de acercamiento y comprensión con la madre patria, la canción nacional sufrió en su enunciado una modificación de forma en lo relativo a aquella parte que pudiera tener en el presente un concepto peyorativo, ya sin objeto para la soberanía del Estado.
Durante la presidencia del general Roca en el año 1900 fue sancionado un decreto refrendado con la firma del Presidente de la Nación y de los ministros: Felipe Yofre, Luis M. Campos, José María Rosa, Martín Rivadavia, Martín García Merou y Emilio Civit, disponía:
"Que, sin producir alteraciones en el texto del Himno Nacional, hay en él estrofas que responden perfectamente al concepto que universalmente tienen las naciones respecto de sus himnos en tiempo de paz y que armonizan con la tranquilidad y la dignidad de millares de españoles que comparten nuestra existencia, las que pueden y deben preferirse para ser cantadas en las festividades oficiales, por cuanto respetan las tradiciones y la ley sin ofensa de nadie, el presidente de la República, en acuerdo de ministros decreta:
Artículo 1°. En las fiestas oficiales o públicas, así como en los colegios y escuelas del Estado, sólo se cantarán la primera y la última cuarteta y coro de la canción nacional sancionada por la Asamblea General el 11 de marzo de 1813".

ENTREGA DE CARGOS DE INTERINATOS Y SUPLENCIAS

La entrega de Cargos de Interinos y Suplentes se realizan de lunes a viernes en la Supervisión Escolar sita en las 60 Viviendas Tira 13 Casa 59 en los horarios:

Turno Mañana
Maestro de Año 08:30 hs
Nivel Inicial 09:00 hs

Turno Tarde
Maestro de Año 13:00 hs.
Nivel Inicial 13:30 hs

Maestro de Ciclo 17:30

Los cargos de ingles se darán por llamado especial y un horario a convenir por esta Secretaría Técnica.




Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
MINISTERIO DE EDUCACIÓN y CULTURA
1904-2004
SUPERVISIÓN GENERAL NIVEL INICIAL EGB 1 Y 2
“Centenario de la Presencia Argentina Ininterrumpida
en el Sector Antártico”



CIRCULAR Nº 001/004.-


PARA INFORMACIÓN DE:

SECRETARIA TECNICA DE SUPERVISIÓN RIO GRANDE - USHUAIA

PRODUCIDA POR: JUNTA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA NIVEL INICIAL –EGB1Y3, EDUCACIÓN DEL ADULTO Y EDUCACIÓN ESPECIAL Y LA SUPERVISIÓN GENERAL N.I EGB1 Y EGB2 ESPECIAL Y ADULTO.

La Supervisión General de N.I EGB1 EGB2 Especial y Adulto y la Junta de Clasificación y Disciplina informan a las Secretarias Técnicas de Supervisión que ante las reiteradas denuncias y consultas de los docentes en los casos que se detallan a continuación deberán proceder tal lo acordado en la reunión llevada a cabo en la comuna de Tolhuin el día 22 del corriente mes y año:

- Declarar Desierto el Concurso diario, cuando se ofrece un cargo y no se haga presente ningún aspirante al Acto de designación.
Cuando la cobertura de un cargo se declare DESIERTO por tercera vez, se hará una convocatoria a través de una amplia difusión en los medios masivos de comunicación, a los aspirantes que figuran en el Listado, siempre que exista la necesidad de garantizar el servicio.

- Cuando no haya ofrecimiento no se consignará AUSENTE, dejando constancia en Acta de tal situación.
El acto de Designación es uno sólo, dividido en dos Turnos, utilizando el mismo Listado, el cual se dejará reflejado en un libro de Actas. Este, será rubricado por las STS a los efectos de “Designación de Cargos” , dejando constancia del cargo que se ofrece en reemplazo de quién y qué establecimiento se nombra, con la firma del docente al margen del cargo ofrecido. Además deberán consignar los cargos que no se cubren, la causal, los docentes ausentes – con incompatibilidad horaria y/u otra observación que merezca ser especificada y que afecte su posición en el listado correspondiente. Finalizado el Acto firmará la STS que realizó el mismo.

- Cuando el docente presenta Certificado Médico avalado por Fiscalización Sanitaria, este será reconocido tanto si es indicado para el docente como para un familiar directo a cargo, atento que el docente está amparado por el régimen de licencia.

- Cuando por razones de trabajo o en caso de cuidado de hijos menores, el docente presente el pedido de excepción de toma de cargo en un turno determinado, este se aceptará siempre que especifique el tiempo y sea renovado cada tres meses. Cuando esta situación se modifique a la celebración del Acto Diario al que aspira.

- Los horarios de los Actos de Designación de Cargos, serán los que por turno se indica:

Turno Mañana Río Grande

8:30 hs EGB1 y EGB2 – Maestros Complementarios – A.P.A.A Adultos T.M

9:00 hs Nivel Inicial – COMPLEMENTARIOS – A.P.A.A



Turno Tarde

13:00 hs EGB1 Y EGB2 – COMPLEMENTARIOS Adultos T.T y Vespertino
13:45 hs N.I – COMPLEMENTARIOS

Turno Mañana Ushuaia

8:30 hs EGB1 Y EGB2 – Maestros Complementarios
13:30 hs Nivel Inicial – M. Complementarios
14:00 hs Adultos – M. Complementarios



- Se implementa la posibilidad de presentar autorización para tomar cargos en los ofrecimientos diarios, siempre y cuando la presentación del docente designado sea inmediata.
- En todos los casos se deberá tener presente la Declaración Jurada de Cargos, prevista en el decreto 268/00.
- Con relación a la utilización de los Listados, de acuerdo al decreto 1607/02 Punto 8, el Llamado de Doble Función se hará una vez agotados los Listados A1 – A2, indicado por el decreto 268/00.
- Se ruega que el Listado A2, se iniciará a partir de la comunicación de la necesidad de cobertura de cargo, comunicada por STS a la Supervisión General y de ésta a la JCyD., permaneciendo abierto el mismo a lo largo del año, debiendo utilizarlo por el orden de mérito que allí se establece, por lo que se actualizará ante cada inscripción, manteniendo el espíritu del decreto 1607/02.
- Una vez cumplidos 7 (siete) días de espera para la recepción de documentación para la inscripción del Listado Permanente y ante la no cobertura de la necesidad, se procederá a partir de allí a efectuar el ofrecimiento a cubrir con Doble Función por Razones, los maestros así designados deberán cesar indefectiblemente tal lo indica la normativa.
- Agotado el procedimiento anterior, las STS vía Supervisión General solicitarán una Baja de Requisitos por Razones de Servicio, la cual será autorizada mediante instrumento legal emitido por MEyC; dicho llamado permanecerá abierto por el término de 3 (tres) días a partir de cumplidas las 48 horas del inicio de la difusión del comunicado; con la advertencia de que el docente asignado cesará ante la presentación de un docente con título especifico para el cargo, o al finalizar el ciclo lectivo, lo que se produzca primero.
- En las solicitudes para cubrir Interinatos y Suplencias, cuando no esté fehacientemente consignada la finalización del cargo a cubrir, en la columna de duración deberá expresar la leyenda “mientras persistan las causales”, a fin de dejar establecido que la presentación del docente al que suple, dará lugar a la finalización de la suplencia.
- Cuando se produzca un cese a la finalización del Ciclo Escolar por haber terminado las causales que lo originaron se deberá hacer el cese correspondiente, dándole nuevamente el Alta administrativa ante la no presentación física del titular del cargo, al inicio del Siguiente Ciclo Escolar.


Maestros Complementarios:


- Cuando los Maestros Complementarios se desempeñan en escuelas privadas y no tengan la carga horaria completa, pueden completarla en las Escuelas Públicas.
- Los docentes de Actividades Prácticas con 16 horas no podrán tomar cargo en el área de Plástica y viceversa en el mismo novel y modalidad, salvo que tengan dos títulos docentes para la especialidad a la que aspira.
- Cuando los docentes no tuvieren completa la carga horaria, si surgiera un ofrecimiento y no estuvieran presentes, no se les considerará ausentes sino como que TIENEN CARGO, pudiendo acrecentar las horas en la oportunidad que el docente se presente.
- Los Maestros Complementarios deberán presentar declaración Jurada de Cargos o Constancia de la carga horaria que posee y el turno.
Se solicita a las Secretarías Técnicas tomen los resultados del cumplimiento de la presente circular, entendiendo que esta redundará en beneficio de los docentes y del desarrollo de Acto Diario de Designación de Cargos.

Ushuaia, 26 de marzo de 2004

LEY 141

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.


Sanción: 29 de Abril de 1994.
Promulgación: 10/05/94 D.P. Nº 1104.
Publicación: B.O.P. 16/05/94.



TITULO I
AMBITO DE APLICACION

Artículo 1º.- Esta Ley regirá toda la actividad administrativa estatal, con excepción de aquélla que tiene un régimen establecido por ley especial, caso en el que se aplicarán las disposiciones de la presente como supletorias.

TITULO II
COMPETENCIA DEL ORGANO

Artículo 2º.- La competencia de los órganos administrativos será la establecida por la Constitución de la Provincia, las leyes orgánicas administrativas y los reglamentos que se dicten en su consecuencia.
Artículo 3º.- La competencia es irrenunciable e improrrogable. Cuando la avocación o la delegación fueren procedentes, el acto dictado en su mérito será válido. La avocación será procedente mientras la competencia no haya sido asignada al órgano inferior en mérito a una idoneidad especialmente reconocida. La avocación no procede respecto de las entidades autárquicas.
Artículo 4º.- La incompetencia podrá ser declarada en cualquier estado del procedimiento, a pedido de parte o de oficio.
Artículo 5º.- Las cuestiones de competencia entre órganos dependientes de un mismo Ministerio o Secretaría de Estado serán resueltas definitivamente por el titular de dicha cartera. Si el conflicto fuere interministerial, o entre órganos centralizados o desconcentrados y entidades descentralizadas; o entre éstas, resolverá el Gobernador. En los demás casos será resuelto por el órgano inmediato superior a los en conflicto.
Artículo 6º.- En los conflictos de competencia deberán observarse las siguientes reglas:
a) Cuando distintas autoridades se encuentren entendiendo en el mismo asunto, cualquiera de ellas de oficio o a petición de parte se dirigirá a la otra reclamando para sí el conocimiento del asunto. Si la autoridad requerida mantiene su competencia, elevará sin más trámite las actuaciones al órgano administrativo encargado de resolver;
b) cuando distintos ministerios o entidades autárquicas rehusaren conocer en el asunto, el último que lo hubiere recibido deberá elevarlo al Gobernador.
En ambos casos se decidirá previo dictamen del Asesor Letrado de Gobierno.
Artículo 7º.- Cuando se trate de expedientes administrativos que no obstante referirse a un solo asunto y objeto hayan de intervenir con facultades decisorias dos o más órganos, se instruirá un solo expediente, el que tramitará por ante el organismo por el cual hubiera ingresado, excepto que fuera incompetente, debiéndose dictar una resolución única.
Artículo 8º.- No podrán intervenir en el procedimiento administrativo y deberán excusarse de inmediato los empleados y funcionarios de la Administración que:
a) Tuvieren o pudieran tener interés directo o indirecto en el asunto, o en otro semejante cuya resolución pueda influir en éste;
b) tuvieren cuestión litigiosa pendiente con alguna de las partes;
c) tuvieren parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados o con los letrados, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento;
d) tuvieren amistad íntima o enemistad manifiesta o relación de servicios con alguna de las personas mencionadas en el inciso precedente;
e) hubieren tenido intervención en el procedimiento como peritos o como testigos;
f) tuvieren con los interesados en el asunto, a juicio de los propios empleados o funcionarios, alguna situación asimilable a las anteriormente enunciadas.
Artículo 9º.- Los interesados podrán también recusar a los empleados y funcionarios comprendidos en una de las causales enunciadas en el artículo anterior, debiendo ofrecer en la misma presentación todas las pruebas en que se fundamente la impugnación.
Artículo 10.- Deducida la recusación o excusación dentro de los dos (2) días debe darse intervención al superior inmediato. Si el recusado admitiere la causal y ésta fuere procedente, aquél le designará reemplazante. Caso contrario resolverá dentro de los cinco (5) días. Si estimare necesario producir prueba, ese plazo podrá extenderse por otro lapso igual.
Artículo 11.- Las resoluciones que se dicten con motivo de los incidentes de recusación o excusación y las que los resuelvan serán irrecurribles.

TITULO III

PARTICIPACION EN LAS ACTUACIONES
Interesados, Representantes y Terceros

Artículo 12.- La actuación administrativa podrá iniciarse de oficio o a petición de cualquier persona física o jurídica pública o privada, que invoque la afectación de sus intereses. También tendrán el carácter de parte aquéllos a quienes el acto a dictarse pudiere afectar en sus intereses y que se hubieren presentado en las actuaciones a pedido del interesado originario, espontáneamente o por citación del organismo interviniente cuando éste advierta su existencia durante la sustanciación del expediente.
Artículo 13.- Los menores adultos tendrán plena capacidad para intervenir directamente en procedimientos administrativos como parte interesada en la defensa de sus propios intereses.
Artículo 14.- La parte interesada, su apoderado o letrado patrocinante tendrán acceso al expediente durante todo su trámite.
Artículo 15.- La persona que se presente en las actuaciones administrativas por un derecho o interés que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de representación legal, deberá acompañar con la primera presentación los documentos que acrediten la calidad invocada.
Artículo 16.- Si mediare urgencia, y bajo responsabilidad del presentante, podrá autorizarse a que intervengan quienes invocan una representación, la que deberán acreditar en el plazo de treinta (30) días de hecha la presentación, bajo apercibimiento de desglose del expediente y su devolución con el consiguiente archivo de las actuaciones, considerando como si aquélla nunca se hubiere efectuado.
Artículo 17.- El mandato también podrá otorgarse por acta ante la autoridad administrativa, en el modo y la forma que determine la reglamentación.
Artículo 18.- La representación cesa:
a) Por revocación expresa hecha en el expediente. No la revoca la presentación personal del interesado o de otro representante;
b) por renuncia, una vez notificada al domicilio real del representado;
c) por muerte o incapacidad del representante;
d) por muerte o incapacidad del representado.
En los supuestos contemplados en los incisos a), b) y c) se suspenderán los trámites desde que conste en el expediente la causa de la cesación hasta que venza el plazo que se le acuerde para comparecer personalmente u otorgar nueva representación.
En el supuesto contemplado en el inciso d) se suspenderá el procedimiento hasta que los herederos o representantes legales del causante se presenten en el expediente con los instrumentos legales que acrediten tal carácter y efectúen petición concreta.
Artículo 19.- Desde el momento en que el poder se presente a la autoridad administrativa y ésta admita la personería, el representante asume todas las responsabilidades que las leyes le imponen y sus actos obligan al mandante como si personalmente los hubiese practicado. Está obligado a continuar la gestión mientras no haya cesado legalmente en su mandato y con él se entenderán los emplazamientos, citaciones y notificaciones, incluso las de los actos de carácter definitivo, salvo decisión o norma expresa que disponga que se notifique al mismo poderdante o que tengan por objeto su comparecencia personal.
Artículo 20.- Cuando un mandatario entorpeciera el trámite administrativo, formulare falsas denuncias, tergiversare hechos o procediera en el desempeño de su cometido con manifiesta inconducta, podrá ser sancionado con apercibimiento o multas de hasta el equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales de un agente de la Administración Pública Provincial.

TITULO IV
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Capítulo I
Características del Procedimiento

Artículo 21.- El procedimiento se desarrollará con arreglo a criterios de imparcialidad, gratuidad, celeridad, sencillez y eficacia.
Artículo 22.- Será excusable la inobservancia por los interesados de exigencias formales no esenciales y que puedan ser cumplidas posteriormente.
La errónea calificación del derecho ejercido o peticionado no determinará el rechazo de lo solicitado.
Artículo 23.- Todas las actuaciones administrativas serán impulsadas de oficio por el órgano competente, lo cual no obstará a que también el interesado inste el procedimiento. Se exceptúan de este procedimiento aquellos trámites en los que medie el interés privado del administrado a menos que, pese a ese carácter, la resolución a dictarse pudiere llegar a afectar de algún modo el interés general.
Artículo 24.- Se guardará riguroso orden para el despacho de los asuntos de igual naturaleza, salvo cuando mediaren razones de excepcional urgencia que impongan su alteración. En tal caso deberán expresarse los motivos justificantes.
Artículo 25.- La autoridad administrativa queda facultada para regular el régimen disciplinario que asegure el decoro y el orden procesal. Este régimen comprende la potestad de aplicar multas de hasta el equivalente a cinco (5) salarios mínimos mensuales de un agente de la Administración Pública Provincial.
Artículo 26.- Se observarán las reglas del debido proceso adjetivo, respetándose las pertinentes garantías constitucionales, en especial:
a) Derecho a ser oído: De exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión de actos que se refieran a sus intereses, interponer recursos y hacerse patrocinar y representar profesionalmente. En los casos en que se planteen o debatan cuestiones jurídicas, la autoridad administrativa advertirá al interesado sobre la conveniencia de contar con asesoramiento jurídico para la mejor defensa de su derecho;
b) Derecho a ofrecer y producir pruebas: De ofrecer prueba y que ella se produzca, si fuere pertinente, dentro del plazo que fije la autoridad administrativa en cada caso, atendiendo a la complejidad del asunto y a la índole de la que deba producirse, debiendo ésta requerir y producir los informes y dictámenes necesarios para el esclarecimiento de los hechos y de la verdad jurídica objetiva, todo con el contralor de los interesados y sus profesionales, quienes podrán presentar alegatos y descargos, una vez concluido el período probatorio;
c) Derecho a acceder al expediente: De acceder personalmente o a través de su apoderado o letrado patrocinante al expediente durante todo su trámite;
d) Derecho a una decisión fundada: Que el acto decisorio haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas, en tanto hubieren sido conducentes a la solución del caso.



Capítulo II
De los Expedientes

Artículo 27.- La identificación con que se inicie un expediente será conservada a través de las actuaciones sucesivas, cualquiera fueren los organismos que intervengan en su trámite.
Todas las unidades tienen la obligación de suministrar información de un expediente en base a su identificación inicial.
Artículo 28.- Comprobada la pérdida o extravío de un expediente se ordenará dentro de los cinco (5) días su reconstrucción, incorporándose las copias de los escritos y documentación que aporta el interesado, de los informes y dictámenes producidos, haciéndose constar los trámites registrados. Si se hubiere dictado resolución, se agregará copia autenticada de la misma, prosiguiendo las actuaciones según su estado.

Capítulo III
De la Tramitación

Artículo 29.- Recibida una documentación para el inicio o la continuación de un trámite deberá ser remitida a la autoridad competente en el término improrrogable de tres (3) días.
En igual plazo de recibido todo escrito o despacho telegráfico deberá efectuarse el proveído de mero trámite.

Capítulo IV
De las Formalidades de los Escritos

Artículo 30.- Los escritos serán redactados en idioma nacional, salvándose toda testadura, enmienda o palabras interlineadas.
Serán suscriptos por los interesados, sus representantes legales o apoderados. En el encabezamiento de todo escrito, sin más excepción que el que iniciare una gestión, debe indicarse numeración y año del expediente a que corresponda, y en su caso, contendrá la indicación precisa de la representación que se ejerza.
Podrá emplearse el medio telegráfico, carta documento o pieza postal expreso o certificada para contestar traslados o vistas, e interponer recursos.
Los interesados o sus apoderados podrán efectuar peticiones de mero trámite mediante simple anotación en el expediente con su firma, sin necesidad de cumplir con los recaudos establecidos en los párrafos anteriores.
Artículo 31.- Todo escrito por el cual se promueve la iniciación de una gestión ante la Administración Pública deberá contener los siguientes recaudos:
a) Nombres, apellido, domicilio real y constituido del interesado de acuerdo con el artículo 43;
b) relación de los hechos y, si el interesado lo considera pertinente, la norma en que funda su petición;
c) la petición concretada en términos claros y precisos;
d) ofrecimiento de toda la prueba de que el interesado ha de valerse, acompañando la documentación que obre en su poder, y en su defecto, su mención con la individualización posible, expresando lo que de ella resulte y designando el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales;
e) firma del interesado, su representante legal o apoderado, y del letrado patrocinante si lo hubiere.
Artículo 32.- Cualquier omisión o defecto en los recaudos establecidos en el artículo anterior, deberá ser subsanado por el interesado dentro de los tres (3) días de su notificación, bajo apercibimiento de continuar con las actuaciones según su estado, en caso de que ello fuere posible.
Artículo 33.- Cuando un escrito sea suscripto a ruego por no poder o por no saber hacerlo el interesado, la autoridad administrativa lo hará constar, así como el nombre del firmante y que fue autorizado en su presencia o se ratificó ante él la autorización, exigiéndose la acreditación de la identidad personal de los que intervinieren.
Si no hubiere quien pueda firmar a ruego del interesado, el funcionario procederá a darle lectura y certificará que éste conoce el texto del escrito y ha estampado la impresión digital en su presencia.
Artículo 34.- En caso de duda sobre la autenticidad de una firma, podrá la autoridad administrativa llamar al interesado para que en su presencia y previa justificación de su identidad, ratifique la firma o el contenido del escrito.
Si el citado negare el escrito, se rehusare a contestar o citado personalmente no compareciere, se tendrá al escrito como por no presentado.

Capítulo V
De la Presentación de Escritos, Fecha y Cargo

Artículo 35.- Todo escrito inicial o en el que se deduzca un recurso o reclamación deberá presentarse en Mesa de Entradas o Receptoría del organismo competente. Podrá remitirse por correo.
Los escritos posteriores se presentarán o remitirán a la oficina donde se encuentre el expediente.
La autoridad administrativa deberá dejar constancia en cada escrito de la fecha en que fue presentado poniendo al efecto el cargo pertinente o sello fechador.
Artículo 36.- Los escritos recibidos por correo se considerarán presentados en la fecha de su imposición en la oficina postal, a cuyo efecto se agregará el sobre sin destruir y su sello fechador, o bien en la que conste en el mismo escrito y que surja del sello fechador impreso por el agente postal habilitado, a quien se hubiera exhibido el escrito en sobre abierto en el momento de ser despachado.
A pedido del interesado el referido agente postal deberá sellarle una copia para su constancia.
Artículo 37.- En caso de duda deberá estarse a la fecha enunciada en el escrito, y en su defecto, se considerará que la presentación se hizo en término.
Artículo 38.- Cuando se empleare el medio telegráfico para contestar traslados o vistas o interponer recursos, se entenderá presentado en la fecha de su imposición en la oficina postal.
Artículo 39.- De toda actuación que se inicie en Mesa de Entradas o Receptoría se dará una constancia con la identificación del expediente que se origine.
Los interesados que hagan entrega de un documento o escrito podrán además pedir verbalmente que se les certifique una copia de los mismos. En tal caso, la autoridad administrativa dejará constancia que el interesado ha hecho entrega de un documento o escrito bajo manifestación de ser el original de la copia suscripta.
Artículo 40.- Los documentos que se acompañen a los escritos y aquéllos cuya agregación se solicita a título de prueba podrán presentarse en su original, en testimonios expedidos por autoridad competente o en copia que certificará la autoridad administrativa previo cotejo con el original de conformidad al procedimiento indicado en el artículo precedente, el que se devolverá luego al interesado.
Podrá solicitarse la reserva de cualquier documento, libro o comprobante que se presente, en cuyo caso se procederá a su guarda bajo constancia.
Artículo 41.- Los documentos expedidos por autoridad extranjera deberán presentarse debidamente legalizados. Los redactados en idioma extranjero deberán acompañarse con su correspondiente traducción hecha por traductor matriculado.
Artículo 42.- Los documentos y planos que se presenten, excepto los croquis, deberán estar firmados por profesionales inscriptos en la matrícula pertinente.

Capítulo VI
De la Constitución y Denuncia de Domicilios

Artículo 43.- Domicilio especial. Toda persona que comparezca ante la autoridad administrativa, por derecho propio o en representación de terceros, deberá constituir un domicilio especial dentro del ámbito provincial.
La constitución del domicilio se hará en forma clara y precisa indicando calle, número, piso y letra del departamento. No podrá constituirse domicilio en las oficinas públicas, pero sí en el real de la parte interesada.
Artículo 44.- Si el domicilio no se constituyera conforme a lo dispuesto en el artículo anterior o si el que se constituyera no existiera o desapareciera el local o edificio elegido o la numeración indicada, se intimará a la parte interesada en su domicilio real para que constituya domicilio en debida forma bajo apercibimiento de continuar el trámite sin su intervención o disponer su archivo, según corresponda.
Artículo 45.- El domicilio constituido producirá todos sus efectos sin necesidad de resolución y se reputará subsistente mientras no se designe otro.
Artículo 46.- El domicilio real de la parte interesada debe ser denunciado en la primera presentación que haga aquélla personalmente o por apoderado o representante legal.
Si no lo hiciere, o no denunciare el cambio y se hubiere constituido domicilio especial se intimará que se subsane el defecto, bajo apercibimiento de notificar en este último todas las resoluciones, incluso las que deban efectuarse en el real.

Capítulo VII
De las Vistas

Artículo 47.- La parte interesada, su apoderado o letrado patrocinante podrán tomar vista del expediente durante todo su trámite, con excepción de aquellas actuaciones, diligencias, informes o dictámenes que a pedido del órgano competente, y previo asesoramiento del servicio jurídico correspondiente, fueren declarados reservados o secretos mediante resolución fundada del superior.
Artículo 48.- El pedido de vista podrá formularse verbalmente y se concederá sin necesidad de resolución expresa al efecto en la oficina en que se encuentre el expediente al momento de ser requerida, debiendo el funcionario interviniente solicitarle la acreditación de su identidad, de todo lo cual se dejará constancia escrita en el mismo.
Artículo 49.- Si el peticionante solicitare la fijación de un plazo para tomar vista, éste se dispondrá por escrito dentro de los tres (3) días de presentada la solicitud.
Ninguna vista será otorgada por un plazo menor de tres (3) días.
El día de vista se considera que abarca sin límites el horario de funcionamiento de la oficina en la cual se encuentra el expediente.
A pedido del interesado, y a su cargo, se facilitarán las fotocopias de las piezas que solicitare.
Artículo 50.- La mera presentación de un pedido de vista suspende el curso de los plazos, tanto para recurrir, para reclamar, como para accionar judicialmente. Ello sin perjuicio de la suspensión que cause el otorgamiento de la vista, que no podrá exceder el plazo de cinco (5) días, contado a partir de la providencia que la acordó.

Capítulo VIII
De las Notificaciones

Artículo 51.- Deberán ser notificados a la parte interesada:
a) Los actos administrativos de alcance individual que tengan carácter definitivo y los que sin serlo obsten a la prosecución de los trámites;
b) los actos que resuelvan un incidente planteado o en alguna medida afecten intereses;
c) los actos que decidan emplazamientos, citaciones, vistas o traslados;
d) los actos que se dicten con motivo o en ocasión de la prueba y los que dispongan de oficio la agregación de actuaciones;
e) los demás actos que excepcionalmente por su naturaleza o importancia la autoridad así lo dispusiere.
Artículo 52.- En las notificaciones se transcribirán íntegramente los fundamentos y la parte dispositiva del acto objeto de notificación, salvo cuando se utilicen los edictos, la radio o teledifusión, en cuyos supuestos sólo se comunicará la parte dispositiva del acto.
En las cédulas y oficios se podrá reemplazar la transcripción agregando una copia íntegra y autenticada del acto a notificarse, dejándose constancia en el cuerpo del instrumento notificatorio.
Artículo 53.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 67, las notificaciones se diligenciarán dentro de los cinco (5) días, computados a partir del día siguiente al del acto objeto de la notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra el mismo y el plazo dentro del cual deberán deducirse o, en su caso, si el acto agota las instancias administrativas indicando las acciones judiciales deducibles y el plazo para su interposición.
Artículo 54.- Si en la notificación no se indicaren los recursos, se iniciará un plazo perentorio de noventa (90) días a partir del siguiente de producida aquélla, en el cual podrá deducirse el recurso administrativo correspondiente. Si se omitiese la indicación de que el acto agotó la vía administrativa, el plazo para deducir la demanda judicial comenzará a correr transcurrido el lapso precedentemente indicado. En los procedimientos especiales en que se prevean recursos judiciales directos, siempre que en el instrumento de notificación se omitiere indicarlos, el plazo se iniciará transcurridos sesenta (60) días desde la notificación del acto.
Artículo 55.- Las notificaciones podrán realizarse por cualquier medio que dé certeza de la fecha de recepción del instrumento en que se recibió la notificación y en su caso, del contenido del sobre cerrado, si éste se empleare. Podrá realizarse:
a) Por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente, dejándose constancia expresa y previa justificación de identidad del notificado. Se certificará copia íntegra del acto, si fuere solicitada;
b) por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal de la que resulten estar en conocimiento fehaciente del acto respectivo;
c) por cédula. El empleado designado para efectuar la notificación llevará por duplicado una cédula en que esté transcripta o en que conste agregada una copia íntegra autenticada de la resolución que deba notificarse de conformidad a los artículos 52 y 53. Una de las copias la entregará a la persona a la cual debe notificar o en su defecto a cualquiera del domicilio. En la otra copia destinada a ser agregada al expediente se pondrá constancia del día, hora y lugar de la entrega, requiriendo la firma de la persona que manifiesta ser del domicilio o poniendo constancia de que se negó a firmar.
Cuando el empleado no encontrase la persona a la cual va a notificar y ninguna de las otras personas del domicilio quiera recibirla, la fijará en la puerta del mismo, dejando constancia en el ejemplar destinado a ser agregado en el expediente;
d) por telegrama o carta documento con aviso de entrega;
e) por oficio impuesto como certificado expreso con aviso de recepción. En este caso el oficio y los documentos anexos deberán exhibirse en sobre abierto al agente postal habilitado, antes del despacho, quien lo sellará conjuntamente con las copias que se agregarán al expediente;
f) por cualquier empresa dedicada a la remisión de correspondencia siempre que cumplimente los recaudos establecidos en el inciso e).
Artículo 56.- El emplazamiento, la citación y las notificaciones a personas inciertas o cuyo domicilio se ignora, se hará en la forma que determina el Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero de la Provincia.
Artículo 57.- La publicación del edicto y su radio o teledifusión se acreditará con los comprobantes emanados de los organismos respectivos.
Artículo 58.- Toda notificación que se hiciere en contravención de las normas precedentes carecerá de validez y el empleado notificador responderá por los perjuicios que cause al interesado o a la Administración.



Capítulo IX
De los Plazos

Artículo 59.- Los plazos se contarán por días hábiles administrativos, salvo disposición legal en contrario o habilitación resuelta a petición de parte.
Serán obligatorios tanto para los interesados como para la Administración.
Artículo 60.- Los plazos se computarán a partir del día siguiente al de la notificación. Si se tratare de plazos relativos a actos que deban ser publicados regirá lo dispuesto por el artículo 2º del Código Civil.
Artículo 61.- Se considerarán dentro del plazo las presentaciones efectuadas en la oficina correspondiente dentro de las dos primeras horas de iniciado el horario administrativo del primer día hábil posterior al de su vencimiento.
Artículo 62.- Cuando no se hubiera establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de cinco (5) días.
Artículo 63.- Antes del vencimiento de un plazo podrá la Administración, de oficio o a pedido del interesado, disponer una prórroga por el tiempo razonable que considere mediante resolución fundada y siempre que no resulten perjudicados derechos de terceros. La denegatoria será irrecurrible. El pedido de prórroga del plazo no suspende el cómputo de los términos.
Artículo 64.- Cuando razones de interés público lo aconsejen, la Administración podrá acordar, de oficio o a instancia del interesado, la aplicación del procedimiento de urgencia en el cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de los recursos. Cuando los plazos del procedimiento ordinario fueren impares, las fracciones de día que resulten de dividirlos por dos, se computarán por días completos. La resolución que acuerde o deniegue el carácter de urgente del procedimiento será irrecurrible.
Artículo 65.- La interposición de recursos administrativos interrumpirá el curso de los plazos, aunque aquéllos hubieren sido mal calificados, adolezcan de defectos formales insustanciales o fueren deducidos ante órganos incompetentes por error excusable.

Capítulo X
De la Prueba

Artículo 66.- La Administración, de oficio o a pedido de parte, podrá disponer la producción de prueba respecto de los hechos invocados y que fueren conducentes para la decisión, fijando un plazo para su ofrecimiento, en el caso que correspondiere para su producción y su ampliación, atendiendo a la complejidad del asunto y a la índole de la que deba producirse. Se admitirán todos los medios de prueba, salvo los que fueren manifiestamente improcedentes, superfluos o meramente dilatorios.
Artículo 67.- La providencia que ordene la producción de prueba se notificará a las partes interesadas indicando cuáles son admitidas y la fecha de la o las audiencias que se hubieren fijado.
La notificación se diligenciará con una anticipación de cinco (5) días por lo menos a la fecha de la audiencia.
Artículo 68.- Informes. Sin perjuicio de los informes y dictámenes cuyo requerimiento fuere obligatorio, podrán recabarse, mediante resolución fundada, cuantos otros se estimen necesarios al establecimiento de la verdad jurídica objetiva, los que se deberán solicitar directamente o mediante oficio, de lo que se dejará constancia en el expediente.
Las dependencias de la Administración, cualquiera sea su situación jerárquica, quedan obligadas a prestar su colaboración permanente y recíproca.
Artículo 69.- El plazo para evacuar los informes de carácter técnico será de quince (15) días pudiendo ampliarse hasta por otro período igual si existieren motivos atendibles y a pedido de quien deba producirlos.
Respecto de los informes administrativos no técnicos deberán evacuarse en el plazo máximo de diez (10) días. Si los terceros ajenos a la Administración no contestaren los informes que les hubieren sido requeridos dentro del plazo fijado o de la ampliación acordada, o se negaren a responder, se prescindirá de esta prueba. Si llegaran con posterioridad, podrán agregarse siempre que no retrotraigan el procedimiento.
Artículo 70.- Testigos. Toda persona mayor de dieciocho (18) años podrá ser propuesta como testigo.
No podrán ser ofrecidos como testigos los consanguíneos o afines en línea directa de las partes, ni el cónyuge, aunque estuviere separado o divorciado de hecho o legalmente, excepto si se tratare de reconocimiento de firmas.
Artículo 71.- Los testigos serán examinados en la sede del organismo competente por el agente que se designe al efecto.
Se fijará día y hora para la audiencia de los testigos y una supletoria para el caso de que no concurran a la primera. Ambas audiencias serán notificadas conjuntamente por la autoridad administrativa, pero el proponente tendrá a su cargo asegurar la asistencia de los testigos. La incomparecencia de éstos a ambas audiencias hará perder al proponente el testimonio de que se trate, pero la ausencia de la parte interesada no obstará a la declaración de los testigos presentes siempre que hubiere acompañado previamente el correspondiente interrogatorio.
Artículo 72.- Antes de declarar los testigos prestarán juramento o formularán promesa de decir verdad, a su elección, y serán informados de las consecuencias penales a que pueden dar lugar las declaraciones falsas o reticentes.
Los testigos serán siempre preguntados:
a) Por su nombre y apellido, edad, estado civil, profesión, domicilio, nacionalidad y número de documento;
b) si es pariente por consanguinidad o afinidad de la parte y en qué grado;
c) si tiene interés directo o indirecto en las actuaciones;
d) si es amigo íntimo o enemigo del proponente;
e) si es dependiente, acreedor o deudor, o si tiene algún otro tipo de relación con la parte.
Artículo 73.- Los testigos serán libremente interrogados por la autoridad sobre los hechos, sin perjuicio de los interrogatorios propuestos por las partes interesadas, los que pueden ser presentados hasta el momento mismo de la audiencia.
Se labrará acta en que consten las preguntas, respuestas y repreguntas no consignadas en el interrogatorio, debiendo ser suscripta, bajo pena de nulidad, por todos los comparecientes y la autoridad administrativa.
Artículo 74.- Las preguntas no contendrán más de un hecho, debiendo ser claras y concretas. No se formularán las que estén concebidas en términos afirmativos, sugieran la respuesta o sean ofensivas o vejatorias.
El testigo podrá rehusarse a contestar las preguntas en los siguientes supuestos:
a) Si las respuestas lo expusieren a enjuiciamiento penal o comprometieren su honor;
b) si no pudiere responder sin revelar un secreto profesional, militar, científico, artístico o industrial.
El testigo deberá dar siempre razón de sus dichos.
Artículo 75.- Exceptúase de la obligación de comparecer a prestar declaración testimonial a los funcionarios que se determinen por reglamentación.
Dichos testigos declararán por escrito, con la manifestación de que lo hacen bajo juramento o promesa de decir verdad dentro del plazo que a tal fin fije la Administración, debiendo entenderse que no excederá de diez (10) días si no se lo hubiese indicado especialmente.
Artículo 76.- Peritos. Los interesados podrán proponer la designación de peritos a su costa. La Administración se abstendrá de designar peritos por su parte debiendo limitarse a recabar informes de sus agentes y oficinas técnicas y de terceros, salvo que resultare necesario designarlos para la debida sustanciación del procedimiento y por la complejidad y especialidad del asunto de que se trate.
Artículo 77.- Esta prueba sólo será admisible cuando la apreciación de hechos controvertidos requiera conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria, profesión o actividad técnica especializada.
En el acto de solicitarse la designación de un perito, el proponente precisará el cuestionario sobre el que deberá expedirse. La Administración podrá agregar otros puntos de pericia o eliminar aquéllos que considere superfluos.
Artículo 78.- Dentro del plazo de cinco (5) días de notificado el nombramiento el perito aceptará el cargo en el expediente. Vencido dicho plazo sin que ello acontezca y no habiéndose requerido reemplazante dentro de los dos (2) días subsiguientes, se perderá el derecho a la producción de la prueba. Si designado un reemplazante, éste no aceptare la designación en el plazo indicado en primer término, se perderá el derecho a producir esta prueba.
Artículo 79.- Corresponderá al proponente instar la diligencia y adelantar los gastos razonables que requiriera el perito según la naturaleza de la pericia. La falta de depósito dentro del plazo que se le fije, importará el desistimiento de la prueba.
Artículo 80.- Los peritos podrán ser recusados por idénticas causales que las previstas en el artículo 8º de la presente.
Artículo 81.- El perito deberá presentar el informe dentro del plazo razonable que al efecto fije la Administración, de acuerdo a la complejidad y extensión del asunto.
Dicho informe deberá ser presentado por escrito con copias para cada una de las partes proponentes, debiendo contener la explicación minuciosa de las operaciones técnicas detalladas y de los principios científicos en que se funde, con sus respectivos anexos de corresponder.
Artículo 82.- Del informe presentado se dará vista al proponente por el plazo de cinco (5) días, debiendo éste y la Administración, de considerarlo oportuno, formular las observaciones y solicitar las aclaraciones y explicaciones dentro de dicho plazo. Si la Administración lo considerase pertinente, podrá disponer que dichas aclaraciones sean formuladas por escrito o fijar una audiencia a la que deberá concurrir perito y proponentes.
Artículo 83.- Documental. En materia de prueba documental se estará a lo dispuesto en los artículos 31, inciso d), 39, 40, 41 y 42 de la presente Ley.
Artículo 84.- Apreciación. Las pruebas enunciadas en el presente Título se apreciarán de conformidad con las reglas de la sana crítica.
Artículo 85.- Alegatos. Sustanciadas las actuaciones, se dará vista de oficio y por diez (10) días a la parte interesada para que, si lo creyera conveniente, presente un escrito acerca de lo actuado, y en su caso, para que alegue también sobre la prueba que se hubiere producido.
Artículo 86.- El órgano competente podrá disponer la producción de nueva prueba:
a) De oficio y como medida para mejor proveer;
b) a pedido de parte interesada, si ocurriere o llegare a su conocimiento un hecho nuevo.
Dicha medida se notificará a la parte interesada y con el resultado de la prueba que se produzca, se dará otra vista por cinco (5) días a efectos de alegar.
Artículo 87.- Dentro del plazo de diez (10) días de presentado el alegato o de vencido el plazo para hacerlo, sin más trámite que el dictamen jurídico, si éste correspondiere, se dictará el acto administrativo que resuelva las actuaciones.

Capítulo XI
De las Formas de Concluir el Procedimiento

Artículo 88.- Los trámites administrativos concluyen por resolución expresa, por caducidad o por desistimiento del procedimiento o del derecho.
Artículo 89.- La resolución expresa se ajustará a lo dispuesto por los artículos 26, inciso d), 97 y 99.
Artículo 90.- Transcurridos sesenta (60) días desde que un trámite se paralice por causa imputable al administrado, el órgano competente le notificará que si transcurrieren otros diez (10) días de inactividad, se declarará de oficio la caducidad del procedimiento, archivándose el expediente.
Se exceptúan de la caducidad los trámites relativos a previsión social y los que la Administración considere que deben continuar por sus particulares circunstancias donde esté comprometido el interés público.
Artículo 91.- Operada la caducidad, el interesado podrá no obstante ejercer sus pretensiones en un nuevo expediente, ello sin perjuicio de la prescripción o preclusión que pudieren haberse operado, en el que podrá hacer valer las pruebas ya producidas. Las actuaciones practicadas con intervención del órgano competente producirán la suspensión de los plazos de caducidad, inclusive los relativos a la prescripción, los que se reiniciarán a partir de la fecha en que quedare firme el acto declarativo de caducidad.
Artículo 92.- Todo desistimiento deberá ser formulado fehacientemente y por escrito por la parte interesada, su representante legal o apoderado con facultades expresas para ello.
Artículo 93.- El desistimiento del procedimiento importará la clausura de las actuaciones en el estado en que se hallaren, pero no impedirá que ulteriormente vuelva a plantearse igual pretensión, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de caducidad o prescripción. Si el desistimiento se refiere a los trámites de un recurso, el acto impugnado se tendrá por firme pasando en autoridad de cosa juzgada respecto de quien lo formulare.
Artículo 94.- El desistimiento del derecho en que se fundó una pretensión impedirá promover otra por el mismo objeto y causa.
Artículo 95.- Si fueren varias las partes interesadas, el desistimiento de sólo alguna o algunas de ellas al procedimiento o al derecho no incidirá sobre los restantes, respecto de quienes seguirá sustanciándose el trámite respectivo en forma regular.
Artículo 96.- Si la cuestión planteada pudiere llegar a afectar de algún modo el interés general, el desistimiento del procedimiento o del derecho no implicará la clausura de los trámites, lo que así se declarará por resolución fundada, prosiguiendo las actuaciones hasta que recaiga la decisión pertinente. Esta podrá beneficiar incluso a quienes hubieren desistido.

TITULO V
ACTO ADMINISTRATIVO

Capítulo I
De los Actos Administrativos

Artículo 97.- El acto administrativo se manifestará expresamente y por escrito e indicará el lugar y fecha en que se lo dicta y contendrá la firma de la autoridad que lo emite. Sólo por excepción, y si las circunstancias lo permitieren, podrá utilizarse una forma distinta.
Artículo 98.- Cuando deban dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, podrán consignarse en un único documento que deberá especificar las circunstancias que individualicen a cada uno de los actos.
Artículo 99.- Son requisitos esenciales del acto administrativo:
a) Ser dictado por autoridad competente;
b) sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable;
c) el objeto debe ser cierto y física y jurídicamente posible, debe decidir todas las peticiones formuladas, pero puede involucrar otras no propuestas, previa audiencia del interesado y siempre que ello no afecte derechos adquiridos;
d) antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de lo que establezcan otras normas especiales, considérase también esencial el dictamen jurídico cuando el acto pudiere afectar derechos o intereses;
e) ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo;
f) cumplir con la finalidad que resulte de las normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros fines, públicos o privados, distintos de los que justifican el acto, su causa y objeto. Las medidas que el acto involucre deben ser proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad.
Artículo 100.- Los contratos que celebren las distintas dependencias de la Administración Pública Provincial, los permisos, autorizaciones y concesiones que otorgue, cualquiera fuere su especie, se regirán por sus respectivas leyes especiales, sin perjuicio de la aplicación analógica de las normas referidas a los actos administrativos de la presente Ley, si ello fuere procedente.
Artículo 101.- La Administración se abstendrá:
a) De comportamientos materiales lesivos de un derecho o garantía constitucionales;
b) de poner en ejecución un acto estando pendiente algún recurso administrativo de los que en virtud de norma expresa impliquen la suspensión de los efectos ejecutorios de aquél o, que habiéndose resuelto, no hubiere sido notificado.
Artículo 102.- El silencio de la Administración frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto se interpretará como negativa.
Sólo mediando disposición expresa podrá acordarse al silencio sentido positivo.
Si las normas especiales no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de cuarenta y cinco (45) días.
Artículo 103.- Vencido el plazo que corresponda, el interesado podrá requerir pronto despacho.
El requerimiento de pronto despacho es optativo, pero interpuesto éste, deberán transcurrir otros quince (15) días sin que medie resolución para que se considere que hay silencio de la Administración. Deducido el pronto despacho el interesado no podrá entablar la acción prevista en el artículo 161 de la presente hasta tanto no se encuentre vencido el plazo indicado anteriormente.
Artículo 104.- Para que el acto administrativo de alcance particular adquiera eficacia debe ser objeto de notificación al interesado, y el de alcance general de publicación.
Artículo 105.- El acto administrativo se presume legítimo. Su fuerza ejecutoria faculta a la Administración, sin consentimiento del interesado, a ponerlo en práctica por sus propios medios a menos que la ley o la naturaleza del acto requieran la intervención judicial.
Artículo 106.- Los recursos que interpongan los administrados no suspenden la ejecución del acto ni sus efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario.
Artículo 107 - La Administración podrá suspender la ejecución del acto:
a) Si éste causare o pudiere causar daños o perjuicios graves o de difícil o imposible reparación;
b) cuando con la ejecución se causare un daño proporcionalmente mayor que los perjuicios que la suspensión pudiere acarrear al interés público;
c) cuando la nulidad del acto fuere manifiesta; y
d) por razones de interés público.
Artículo 108.- El acto administrativo sólo podrá tener efectos retroactivos, y siempre que no se lesionaren derechos adquiridos, cuando:
a) Se dictare en sustitución de otro revocado;
b) se dictare para sanear un acto anulable;
c) se dictare para aprobar el acto sometido a condición suspensiva de aprobación;
d) se trataren de actos declarativos, interpretativos o meramente aclaratorios;
e) se trataren de actos que favorecieren al particular y no produjeren daño alguno;
f) si así se dispusiere por ley de orden público.

Capítulo II
De la Nulidad y Caducidad del Acto

Artículo 109.- El acto administrativo viciado en cualquiera de sus elementos será de nulidad relativa, salvo los supuestos de nulidad absoluta que establece expresamente el artículo siguiente.
Artículo 110.- Será nulo de nulidad absoluta el acto que hubiere sido dictado con:
a) Incompetencia del órgano en razón de la materia, territorio o tiempo;
b) objeto ilícito o imposible;
c) violación absoluta del procedimiento legal;
d) falta de causa o motivación;
e) violación de la finalidad;
f) exclusión de la voluntad por violencia o dolo.
Artículo 111.- La invalidez de una cláusula accidental o accesoria de un acto administrativo no importará la nulidad de éste siempre que fuere separable y no afectare la esencia del acto emitido.
Artículo 112.- La Administración podrá declarar unilateralmente la caducidad de un acto cuando el interesado no cumpliere las condiciones fijadas en el mismo.



Capítulo III
De la Revocación

Artículo 113.- El acto administrativo afectado de nulidad absoluta debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa.
No obstante, si el acto estuviere firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, sólo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes mediante declaración judicial de nulidad.
Sin embargo podrá ser revocado o sustituido en sede administrativa, aun cuando hubiere generado derechos subjetivos en vías de cumplimiento, si el interesado hubiere conocido el vicio o si el derecho se hubiere otorgado expresa y válidamente a título precario.
Artículo 114.- En el supuesto del acto administrativo contemplado en el artículo 110 del que hubieren nacido derechos subjetivos a favor de los administrados, no podrá ser revocado, modificado o sustituido en sede administrativa una vez notificado.
Sin embargo, podrá ser revocado, modificado o sustituido de oficio en sede administrativa si el interesado hubiere conocido el vicio o si el derecho se hubiere otorgado expresa y válidamente a título precario.
El acto legítimo podrá ser revocado, modificado o sustituido por razones de oportunidad, mérito o conveniencia indemnizándose los perjuicios causados.

Capítulo IV
Del Saneamiento y Conversión del Acto

Artículo 115.- El acto administrativo afectado de nulidad relativa también será susceptible de:
a) Ratificación por el órgano superior, cuando el acto hubiere sido emitido con incompetencia en razón de grado y siempre que la avocación, delegación o sustitución fueren procedentes;
b) confirmación por el órgano que dicte el acto subsanando el vicio que le afecte.
Los efectos del saneamiento se retrotraerán a la fecha de emisión del acto objeto de ratificación o confirmación de acuerdo a lo previsto en el inciso b) del artículo 108.
Artículo 116.- Si los elementos válidos de un acto administrativo nulo permitieren integrar otro que fuere válido, podrá efectuarse su conversión en éste, consintiéndolo el administrado. La conversión tendrá efectos a partir del momento en que se perfeccione el nuevo acto.
Artículo 117.- El órgano competente para dictar el acto, salvo disposición expresa en contrario, lo será para revocar, modificar o extinguir el mismo.

TITULO VI
DE LOS RECURSOS

Artículo 118.- Los actos administrativos de alcance individual podrán ser impugnados por medio de recursos administrativos en los casos y con los alcances que se determinan en el presente Título.
Los recursos podrán fundarse tanto en razones vinculadas a la legitimidad, como a la oportunidad, mérito o conveniencia del acto impugnado.
Artículo 119.- Los organismos administrativos subordinados por relación jerárquica no podrán recurrir los actos del superior. Los agentes de la Administración podrán hacerlo en defensa de un derecho propio.
Artículo 120.- Los entes autárquicos no podrán recurrir actos administrativos de otros de igual carácter ni de la Administración Central, pero ante la existencia de una controversia interadministrativa podrá requerir el pronunciamiento del Ministro en cuya esfera común actúen o del Poder Ejecutivo, según el caso, sin que ello obste a la iniciación de las acciones legales a que se crea con derecho.
Artículo 121.- Si a los efectos de articular un recurso administrativo la parte interesada necesitare tomar vista de las actuaciones, quedará suspendido el plazo para recurrir de conformidad a lo previsto por el artículo 50.
Artículo 122.- La presentación de los recursos administrativos deberá ajustarse a las formalidades y recaudos previstos en los artículos 30 y 31, indicándose además, de manera concreta, el acto que el recurrente estimare como ilegítimo, inoportuno, inconveniente o falto de mérito.
Advertida alguna deficiencia formal esencial, el recurrente será intimado a subsanarla dentro del plazo perentorio de tres (3) días, bajo apercibimiento de desestimarse el recurso.
Artículo 123.- El organismo interviniente, de oficio o a petición de parte interesada, podrá disponer la producción de prueba cuando estimare que los elementos reunidos en las actuaciones no son suficientes para resolver el recurso.
Serán de aplicación, en cuanto fueren compatibles, las disposiciones de los artículos 66 al 87 de la presente.
Artículo 124.- Las medidas preparatorias de decisiones administrativas, inclusive informes y dictámenes, aunque sean de requerimiento obligatorio y efecto vinculante para la Administración, no son recurribles.
Artículo 125.- Los recursos deberán proveerse y resolverse cualquiera sea la denominación que el interesado les dé, siempre que resulte indudable la impugnación del acto administrativo.
Artículo 126.- Al resolver un recurso, el órgano competente podrá limitarse a desestimarlo o ratificar o confirmar el acto de alcance particular impugnado, si ello correspondiere, o bien a aceptarlo, revocando, modificando o sustituyendo el acto, sin perjuicio de los derechos de terceros.

Capítulo I
Del Recurso de Reconsideración

Artículo 127.- El recurso de reconsideración debe interponerse dentro de los diez (10) días de notificado el acto, ante el mismo órgano que lo dictó.
Procede contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado y contra los interlocutorios o de mero trámite que lesionen un interés.
Artículo 128.- Si el acto hubiere sido dictado por delegación, el recurso de reconsideración será resuelto por el órgano delegado sin perjuicio del derecho de avocación del delegante. Si la delegación hubiere cesado al tiempo de deducirse el recurso, éste será resuelto por el delegante.
Artículo 129.- El órgano competente resolverá el recurso de reconsideración dentro de los treinta (30) días, computados desde su interposición o, en su caso, desde la presentación del alegato o del vencimiento del plazo para hacerlo si se hubiere recibido a prueba.
Si el recurso de reconsideración no fuere resuelto dentro del plazo fijado, el interesado podrá reputarlo denegado tácitamente.
Artículo 130.- El recurso de reconsideración contra actos definitivos o asimilables a ellos lleva implícito el recurso jerárquico o, en su caso, el de alzada en subsidio.
Artículo 131.- Cuando expresa o tácitamente hubiera sido rechazada la reconsideración, las actuaciones deberán ser elevadas de inmediato, de oficio o a petición de parte, según que hubiere recaído o no resolución denegatoria expresa.
Artículo 132.- Dentro de los cinco (5) días de notificado que las actuaciones fueron recibidas por el superior, el interesado podrá mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso.

Capítulo II
Del Recurso Jerárquico

Artículo 133.- El recurso jerárquico procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del interesado. No será necesario haber deducido previamente recurso de reconsideración. Si se lo hubiere hecho, no será indispensable fundar nuevamente el jerárquico, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 134.- El recurso jerárquico deberá interponerse ante la autoridad que dictó el acto impugnado dentro de los quince (15) días de notificado y será elevado de inmediato y de oficio, para su tramitación, al Ministerio o Secretaría en cuya jurisdicción actúe el órgano emisor del mismo. El superior jerárquico inmediato resolverá definitivamente el recurso. Cuando el acto impugnado emanare de un Ministro o Secretario el recurso será resuelto por el Gobernador, agotándose en ambos casos la instancia administrativa.
Artículo 135.- El plazo para resolver el recurso jerárquico será de treinta (30) días, a contar desde el vencimiento del plazo establecido por el artículo 132, o en su caso de la presentación del alegato o vencimiento del plazo para hacerlo, si se hubiere recibido a prueba.
Artículo 136.- Si el recurso se hubiere interpuesto contra la resolución del Ministro o Secretario o si corresponde establecer jurisprudencia administrativa uniforme, o la índole del asunto o el interés económico comprometido requiera tal atención, será también obligatorio el dictamen del Asesor Letrado de Gobierno o del Asesor Legal y Técnico, según disponga el Gobernador.
Artículo 137.- Los recursos deducidos en el ámbito de los entes autárquicos se regirán por las normas que contengan las leyes especiales, teniendo la presente Ley carácter supletorio.



Capítulo III
Del Recurso de Alzada

Artículo 138.- Contra los actos administrativos definitivos o que impidan totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del recurrente emanados del órgano superior de un ente autárquico o jurídicamente descentralizado, procederá a opción del interesado, el recurso administrativo de alzada o la acción judicial pertinente, salvo que la ley especial determine como única vía esta última.
La elección de la vía judicial hará perder la administrativa, pero la interposición del recurso de alzada no impedirá desistirlo en cualquier estado a fin de promover la acción judicial, ni obstará a que se articule ésta una vez resuelto el recurso administrativo.
Artículo 139.- El Gobernador será competente para resolver el recurso de alzada, pudiendo delegar tal facultad en el Ministro o Secretario en cuya esfera actúe el ente autárquico o jurídicamente descentralizado. Cuando quien deba resolver el recurso de alzada ya hubiese intervenido en la resolución del recurso de reconsideración o jerárquico, deberá excusarse y será reemplazado para la emisión del acto por quien lo subrogue legalmente.
Artículo 140.- El recurso de alzada sólo será procedente por razones vinculadas a la legitimidad del acto. En caso de aceptarse el recurso, la resolución se limitará a revocar el acto impugnado, no pudiendo modificarlo, reformarlo o sustituirlo.
Revocado el acto procederá la devolución de las actuaciones para que el ente dicte uno nuevo ajustado a derecho.
Serán de aplicación supletoria las normas contenidas en los artículos 134, primera parte y 135.

Capítulo IV
Del Recurso Extraordinario de Revisión

Artículo 141.- Podrá solicitarse en sede administrativa la revisión de un acto firme:
a) Cuando después de dictado se recobraren o descubrieren documentos decisivos cuya existencia se ignoraba o no se pudieron presentar como prueba por fuerza mayor o por obra de terceros;
b) cuando hubiere sido dictado basándose en documentos o testigos cuya declaración de falsedad se desconocía o se hubiere declarado después de emanado el acto;
c) cuando hubiere sido dictado mediante cohecho, prevaricato, violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta o grave irregularidad comprobada.
Artículo 142.- Podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión dentro de los treinta (30) días de recobrarse o hallarse los documentos o cesar la fuerza mayor u obra de terceros, o de comprobarse en legal forma los hechos indicados en los incisos b) y c) del artículo anterior, ante el órgano que emitió el acto.

Capítulo V
De la Denuncia de Ilegitimidad

Artículo 143.- Una vez vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el derecho para articularlos. Ello no obstará a que se considere la petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiere debido resolver el recurso, salvo que éste dispusiere lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, por estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medió abandono voluntario del derecho. La decisión será irrecurrible.

Capítulo VI
De la Queja

Artículo 144.- Podrá ocurrirse en queja ante el superior jerárquico inmediato contra los defectos de tramitación e incumplimiento de los plazos legales o reglamentarios en que se incurriere durante el procedimiento y siempre que tales plazos no se refieran a los fijados para la resolución de recursos.
Artículo 145.- La queja se resolverá dentro de los cinco (5) días, sin otra sustanciación que el informe circunstanciado que se requerirá si fuere necesario del inferior, debiendo evitar la suspensión del procedimiento principal. Las resoluciones que se dicten serán irrecurribles.

Capítulo VII
De la Rectificación de Errores Materiales

Artículo 146.- En cualquier momento podrán rectificarse errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión.

Capítulo VIII
De la Aclaratoria

Artículo 147.- Dentro de los cinco (5) días computados desde la notificación del acto definitivo, podrá pedirse aclaratoria cuando exista contradicción en su parte dispositiva o entre su motivación y la parte dispositiva para suplir cualquier omisión en que se haya incurrido. La aclaratoria será solicitada al mismo órgano emisor del acto y deberá resolverse dentro del plazo de cinco (5) días.

TITULO VII
DE LOS RECLAMOS

Artículo 148 - Son impugnables por vía de reclamo administrativo:
a) Los hechos u omisiones administrativas;
b) los actos de alcance general y los reglamentos, de conformidad con lo previsto en el artículo 156.
Artículo 149.- La reclamación deberá interponerse dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de la toma de conocimiento, ante el órgano autor del hecho, comportamiento, omisión o emisión del acto de alcance general o reglamento, debiendo ofrecerse en tal oportunidad toda la prueba de que ha de valerse.
Artículo 150.- Por vía de reclamo podrá peticionarse:
a) La cesación del hecho, omisión, comportamiento, conducta o actividad;
b) la derogación, modificación, sustitución total o parcial de los actos de alcance general o reglamentos o su inaplicabilidad al caso concreto.
Artículo 151.- El pronunciamiento acerca del reclamo deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días. Vencido ese plazo el interesado podrá requerir pronto despacho y si transcurrieran otros quince (15) días sin resolverse se considerará que hay silencio de la Administración.
Artículo 152.- No será necesario interponer el reclamo previsto en este Título cuando:
a) Se tratare de repetir lo pagado al Estado en virtud de una ejecución o de repetir un gravamen pagado indebidamente;
b) se reclamaren daños y perjuicios contra el Estado o se intentare una acción de desalojo contra él o una acción que no tramite por vía ordinaria;
c) mediare una clara conducta del Estado que haga presumir la ineficacia cierta del procedimiento, transformando la presentación en un ritualismo inútil.

TITULO VIII
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ALCANCE GENERAL
Y LOS REGLAMENTOS

Artículo 153.- Los actos administrativos de alcance general y los reglamentos producirán efectos a partir de su publicación oficial y desde el día que en ellos se determine. Si no designan tiempo, producirán efectos después de los ocho (8) días, computados desde el siguiente al de su publicación oficial.
Artículo 154.- Exceptúanse de lo dispuesto en el artículo anterior los reglamentos que se refieren a la estructura orgánica de la Administración y las órdenes, instrucciones o circulares internas no reglamentarias, que entrarán en vigencia sin necesidad de aquella publicación y estarán sujetos a su régimen particular de comunicación.
Artículo 155.- Los actos administrativos de alcance general y los reglamentos a los que la autoridad hubiera dado o comenzado a dar aplicación podrán ser impugnados indirectamente por medio de recursos administrativos en los casos y con los alcances que se prevé en el Título VI de la presente.
Artículo 156.- Asimismo podrá interponerse reclamo de conformidad a lo dispuesto en el Título VII de la presente ante la autoridad que dictó el acto de alcance general o el reglamento cuando afecte o pueda afectar en forma cierta e inminente su interés.
Artículo 157.- Los actos administrativos de alcance general y los reglamentos podrán ser derogados, total o parcialmente y reemplazados por otros, de conformidad a lo dispuesto en los artículos precedentes.

TITULO IX
DE LA IMPUGNACION INSTITUCIONAL

Artículo 158.- En los supuestos contemplados en el artículo 12 de la Ley Provincial Nº 133, no serán de aplicación las normas contenidas en los Títulos VI y VII de esta Ley, debiendo observarse las disposiciones del presente Título, sea que se impugnen actos administrativos de alcance individual o general, hechos u omisiones.
Artículo 159.- No habrá plazos para deducir la impugnación previa en sede administrativa, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción. El plazo para resolver es de cuarenta y cinco (45) días.
Artículo 160.- Para que quede expedita la vía judicial, la impugnación previa de que trata este Título será siempre obligatoria, aunque el acto, hecho u omisión emane de la autoridad máxima de alguno de los poderes del Estado Provincial o de los municipios o comunas.

TITULO X
AMPARO POR MORA

Artículo 161.- El que fuere parte en un expediente administrativo podrá solicitar judicialmente se libre orden de pronto despacho. Dicha orden será procedente cuando la autoridad administrativa hubiere dejado vencer los plazos fijados y en caso de no existir éstos, si hubieren transcurrido cuarenta y cinco (45) días sin emitir la resolución de mero trámite o de fondo que requiera el interesado. La petición tramitará conforme a lo normado en el artículo 48 de la Constitución Provincial.
Artículo 162.- La desobediencia a la orden de pronto despacho emitida por el Juez, en que incurrieren los funcionarios y empleados de la Administración, será puesta en conocimiento de la autoridad superior correspondiente a los mismos, a efectos de la sanción disciplinaria que proceda, todo ello sin perjuicio de que el Juez interviniente le dé intervención a la justicia penal, por si la desobediencia importare la comisión de un delito.

TITULO XI
NORMAS PROCESALES SUPLETORIAS

Artículo 163.- El Código Contencioso Administrativo de la Provincia será aplicable supletoriamente para resolver cuestiones no previstas expresamente y en tanto no fueren incompatibles con el régimen establecido en la presente Ley de Procedimiento Administrativo.

TITULO XII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 164.- El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará para su ámbito de competencia la presente Ley dentro del plazo de sesenta (60) días computados a partir de su vigencia, determinando cuáles son los procedimientos especiales actualmente aplicables que continuarán vigentes.
Artículo 165.- La presente Ley entrará a regir a los treinta (30) días de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Artículo 166.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.









































































Decreto N° 3.413/79 (Administración)


Diciembre 28 de 1979

Visto el Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias aprobado por el Decreto Nº 1.429, dictado el 22 de Febrero de 1973; y
CONSIDERANDO:
Que conforme al programa de actividades previsto en orden al Sistema Nacional de la Reforma Administrativa, se ha efectuado la revisión integral de dicho cuerpo normativo;
Que las conclusiones obtenidas en los estudios realizados señalan la necesidad de adecuar el alcance de determinados institutos ponderando la experiencia recogida durante su aplicación, así como también la conveniencia de incorporar otros que interpreten nuevos conceptos en materia de causales que generan derecho a licencias especiales;
Que en este sentido, y atendiendo a motivaciones de orden social, resulta aconsejable disponer medidas tutelares que contemplen como causal de reconocimiento de licencia al agente mujer, la tenencia de niños con fines de adopción con arreglo a las normas legales vigentes;
Que, asimismo, se estima razonable acordar un período prudencial de licencia al agente varón cuya esposa fallezca y cuente con hijos menores de hasta siete (7) años de edad;
Que para evitar las dudas interpretativas creadas respecto a las circunstancias en que deben computarse a los fines del otorgamiento de la licencia anual ordinaria, los períodos en que el personal esté usufructuando licencias de otro carácter, corresponde establecer disposiciones precisas sobre el particular;
Que por otra parte, procede determinar en que casos, encontrándose el agente impedido de usufructuar la licencia anual, mantendrá el derecho a la misma;
Que razones de ordenamiento administrativo señalan la conveniencia de que la incorporación de las disposiciones relativas a los objetivos propuestos en los precedentes considerandos, se efectúe a través de la aprobación de un nuevo régimen general en materia de licencias, justificaciones y franquicias;
Por ello, el presidente de la Nación Argentina decreta:
Artículo 1º - Apruébase el Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias que, como Anexo I, forma parte del presente decreto.
Art. 2º - Las disposiciones del régimen que se aprueba por el presente decreto, entrarán en vigor a partir del 1º de enero de 1980, fecha en que quedarán derogados los Decretos números 1.429 del 22 de Febrero de 1973 y 1.531 del 20 de Mayo de 1974.
Art. 3º - Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. VIDELA - José A. Martinez de Hoz - Jorge A. Fraga.


CAPITULO I
GENERALIDADES
Artículo 1º - Ámbito de aplicación. Fíjase el presente régimen de licencias, justificaciones y franquicias para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional, que revista en organismos centralizados y descentralizados, cualquiera sea su naturaleza jurídica, inclusive entidades financieras, servicios de cuentas especiales y planes de obras dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, y en los respectivos servicios de obras sociales, con las siguientes exclusiones:
Personal diplomático en actividad comprendido en la Ley del Servicio Exterior de la Nación.
Personal docente comprendido en estatutos especiales.
Personal Civil de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales.
Personal sujeto a la Ley de Contrato de Trabajo.
Art. 2º - Derechos.
Personal Permanente:
El personal permanente tendrá derecho a las licencias, justificaciones y franquicias previstas en el presente régimen a partir de la fecha de su incorporación, con las salvedades establecidas en el Artículo 5º "Derecho a licencia".
Personal no Permanente:
El personal no permanente únicamente tendrá derecho a las licencias, justificaciones y franquicias previstas en las siguientes disposiciones:
Artículo 9º - Licencia anual ordinaria
Artículo 10º :
Afecciones o lesiones de corto tratamiento.
Enfermedad en horas de labor.
Afecciones o lesiones de largo tratamiento.
Accidentes de Trabajo.
Maternidad
Tenencia con fines de adopción.
Atención de hijos menores
Asistencia del grupo familiar
Artículo 13º:
Con goce de haberes:
Para rendir exámenes
Matrimonio del agente o de sus hijos
Para actividades deportivas no rentadas
Artículo 14º:
Nacimiento
Fallecimiento
Razones especiales
Donación de sangre
Revisación previa para el servicio militar obligatorio
Razones particulares
Mesas examinadoras
Excesos de inasistencias
Artículo 15º:
Reducción horaria para agentes madres de lactantes
Asistencia a congresos
Art. 3º - Vencimiento por cese. Las licencias, justificaciones y franquicias a que tiene derecho el personal no permanente, caducarán automáticamente al cesar sus funciones.
La caducación comprende las licencias no utilizadas o las que se estuvieran utilizando al momento de producirse el referido supuesto. La licencia anual ordinaria no utilizada deberá serle abonada.
Art. 4º - Personal adscripto. Al personal adscripto se le aplicarán en materia de licencias, justificaciones y franquicias las disposiciones vigentes en el organismo de origen. Las siguientes licencias: anual ordinaria, afecciones o lesiones de corto tratamiento, enfermedad en horas de labor, asistencia del grupo familiar, para rendir exámenes y por matrimonio del agente o de sus hijos, así como también la justificación de inasistencias y las franquicias horarias, serán acordadas por las autoridades competentes del organismo en el que dicho personal se desempeñe y comunicadas oportunamente a la jurisdicción de procedencia.
Las licencias por otros conceptos le serán concedidas por el organismo del cual dependa presupuestariamente.
Art. 5º - Derecho a licencia. El agente que cuente con el respectivo certificado de aptitud definitivo tendrá derecho, desde la fecha de su incorporación, a utilizar las licencias regladas en el presente régimen, salvo aquellas para las cuales se requiere una determinada antigüedad.
En el caso de que el certificado de aptitud sea de carácter provisorio, no tendrá derecho a la prevista en el Artículo 10, inciso c) "afecciones o lesiones de largo tratamiento".
Art. 6º - Delegación de facultades. Facúltase a los señores Ministros, Secretarios de Estado y de la Presidencia de la Nación, Jefe de la Casa Militar y titulares de los organismos descentralizados, para determinar los funcionarios que tendrán a su cargo la concesión de las licencias contempladas en el presente decreto, con excepción de la prevista en el artículo 13 - I - b) "para realizar estudios o investigaciones", que será otorgada por dichas autoridades superiores.
Art. 7º - Organismo de interpretación reglamentaria. Facúltase a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación para dictar las pertinentes normas aclaratorias e interpretativas del presente decreto, previa intervención de la Secretaría de Estado de Salud Pública en los asuntos que resulten de su competencia.
Art. 8º - Beneficios previstos. Los agentes tendrán derecho a las licencias, justificaciones y franquicias que se enuncian seguidamente, con arreglo a las normas que para cada caso se establecen en los siguientes capítulos:
II - Licencia anual ordinaria.
III - Licencias especiales para la recuperación de la salud y por maternidad
IV - Licencias extraordinarias
V - Justificación de inasistencias
VI - Franquicias


CAPITULO II
LICENCIA ANUAL ORDINARIA
Art. 9º - Requisitos para su concesión. La licencia anual ordinaria se acordará por año vencido.
El período de licencia se otorgará con goce íntegro de haberes, siendo obligatoria su concesión y utilización de acuerdo con las siguientes normas:
Términos:
El término de esta licencia será fijado en relación con la antigüedad que registre el agente al 31 de diciembre del año al que corresponda el beneficio y de acuerdo a la siguiente escala:
Hasta cinco (5) años de antigüedad: veinte (20) días corridos.
Hasta diez (10) años de antigüedad: veinticinco (25) días corridos.
Hasta quince (15) años de antigüedad: treinta (30) días corridos.
Mas de quince (15) años de antigüedad: treinta y cinco (35) días corridos.

Fecha de utilización:
A los efectos del otorgamiento de esta licencia se considerará el período comprendido entre el 1º de diciembre del año al que corresponde y el 30 de noviembre del año siguiente. Esta licencia deberá usufructuarse dentro del lapso antedicho, y se concederá en todos los casos conformes a las necesidades del servicio dentro de los quince (15) días de interpuestas.
Transferencia:
Podrá ser transferida íntegra o parcialmente al año siguiente, por la autoridad facultada a acordarla, cuando concurran circunstancias fundadas en razones de servicio que hagan imprescindible adoptar esa medida, no pudiendo, por esta causa, aplazarse por mas de un (1) año.
A pedido del interesado podrá fraccionarse en dos (2) períodos, facilidad aplicable inclusive, en forma independiente a las licencias acumuladas.
Receso anual:
En las dependencias que tuvieren receso funcional anual, se dispondrá que todo o la mayor parte del personal use la licencia que le corresponda en dicha época.
Licencia simultánea:
Cuando el agente sea titular de mas de un cargo en organismos de la Administración Pública Nacional y siempre que las necesidades del servicio lo permitan, se le concederán las licencias en forma simultánea.
Antigüedad mínima para ingresante y reingresante.
El personal deberá hacer uso del derecho a licencia a partir del período indicado en el inciso b) siguiente a la fecha de su ingreso o reingreso en la Administración Pública Nacional, siempre que con anterioridad a la iniciación de dicho período haya prestado servicios por un lapso no inferior a tres (3) meses, en cuyo supuesto le corresponderá una licencia proporcional al tiempo trabajado.
De registrar una prestación menos, el derecho a la licencia recién le alcanzará en el período subsiguiente, oportunidad en que se le otorgará, juntamente con los días de licencia anual que le corresponda, la parte proporcional al tiempo trabajado en el año de su ingreso o reingreso.
A ese efecto se computará una doceava parte (1/12) de la licencia anual que corresponda por cada mes o fracción de quince (15) días trabajados. Se tomarán en cuenta en el total resultante las cifras enteras de días, desechándose las fracciones inferiores a cincuenta (50) centésimos y computándose como un (1) día las que excedan esa proporción.
Antigüedad computable
Para establecer la antigüedad del agente se computarán los años de servicio prestados en organismos del Gobierno Nacional, Provincial, Municipal y organismos o entidades inter - estatales, incluso los "ad - honorem", en entidades privadas y por cuenta propia.
A los efectos del reconocimiento de la antigüedad acreditada en entidades privadas y hasta tanto la correspondiente Caja extienda las respectivas certificaciones, los agentes deben presentar una declaración jurada acompañada con una constancia extendida por el o los empleadores en la que se certifique los servicios prestados a partir de los dieciséis (16) años de edad.
El reconocimiento de la antigüedad de servicios prestados por cuenta propia (trabajadores independientes, profesionales, empresarios), solo será procedente en base a las constancias que acrediten la efectivización de aportes efectuados a la Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos.
Jubilados y retirados.
Al personal jubilado o retirado que ocupe cargos en la Administración Pública Nacional, se le computará, a los efectos del inciso a) "términos", la antigüedad que le fuera considerada para obtener el beneficio de pasividad. A este fin se tendrán en cuenta únicamente los años de servicios efectivos.
Períodos que no generan derecho a licencia.
No se otorgará licencia anual ordinaria por los períodos en que el agente no preste servicios por hallarse en uso de licencia sin goce de sueldo - excluida la licencia por maternidad - o con goce del cincuenta por ciento (50) de haberes. Tampoco se otorgará por los períodos en que el agente se encuentre incorporado a las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales, o en uso de las licencias previstas en el artículo 13º, apartado II, incisos a) "ejercicio transitorio de otros cargos" y e) "cargos, horas de cátedras", salvo en el caso que acrediten que en su transcurso no hubieren hecho uso de este beneficio.
Postergación de licencias pendientes.
El agente que no hubiere podido gozar de la licencia anual ordinaria dentro del período correspondiente, por iniciar licencia por afecciones o lesiones de largo tratamiento, accidente de trabajo o enfermedad profesional, maternidad, estudios o investigaciones científicas, técnicas o culturales o incorporación a las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales, mantendrá el derecho a la licencia que le hubiere quedado pendiente y deberá usufructuarla dentro de los doce (12) meses en que se produzca su reintegro al servicio.
Interrupciones.
La licencia anual ordinaria, solamente podrá interrumpirse por afecciones o lesiones de corto tratamiento para cuya atención se hubieren acordado mas de cinco (5) días, por afecciones o lesiones de largo tratamiento, enfermedad profesional, maternidad o razones de servicio.
En esos supuestos, excluidas las causales de razones de servicio y maternidad, el agente deberá continuar en uso de la licencia interrumpida en forma inmediata al alta médica respectiva, cualquiera sea el año calendario en que se produzca su reingreso al trabajo.
En ninguno de los casos se considerará que existe fraccionamiento.
Del pago de las licencias.
Al agente que presente renuncia a su cargo o sea separado de la Administración Pública Nacional por cualquier causa, se le liquidará el importe correspondiente a la licencia anual ordinaria que pudiera tener pendiente de utilización, incluida la parte de licencia proporcional al tiempo trabajado en el año calendario en que se produzca la baja, la que se estimará mediante el procedimiento previsto en los dos últimos párrafos del inciso f) "antigüedad mínima para ingresante y reingresante".
En el caso que la liquidación se demorara por causas no imputables al agente, esta se efectuará en base a la categoría en que revistaba en oportunidad de su egreso y de acuerdo a la remuneración correspondiente a la misma en la fecha de pago.
Forma de liquidación para personal retribuido a jornal o a destajo.
La liquidación de haberes por el tiempo de duración de las licencias se practicará respecto del personal retribuido a jornal o a destajo de la siguiente manera:
A jornal:
· Teniendo en cuenta el último jornal percibido a la fecha del otorgamiento de la licencia.
A destajo:
· De acuerdo al promedio de los percibidos en los tres (3) meses mejores del año al que corresponda la licencia.
Derechohabientes.
En caso de fallecimiento del agente, sus derechohabientes percibirán las sumas que pudieran corresponder por las licencias anuales ordinarias no utilizadas, según el procedimiento previsto en el inciso 1º "del pago de las licencias".
Casos especiales.
Profesionales radiólogos:
· En caso de profesionales médicos radiólogos y auxiliares de radiología, cualquiera fuere su antigüedad, la licencia anual ordinaria será de treinta y cinco (35) días corridos y no postergables por razones de servicio. Dicha licencia será fraccionada en dos (2) períodos no inferiores a diez (10) días, debiendo mediar entre ambos un lapso mínimo de dos (2) meses.
Agentes en comisión:
· Cuando el agente se hallare cumpliendo una comisión de servicio fuera del asiento habitual de sus tareas, no se computará como licencia anual ordinaria el tiempo normal empleado en el viaje de ida y vuelta entre el lugar en que cumple la comisión y el de dicho asiento.
Si fraccionare la licencia en dos (2) períodos, solo en uno de ellos se concederá el descuento por tiempo de viaje.


CAPITULO III
LICENCIAS ESPECIALES
Art. 10º - Concepto. Las licencias especiales se acordarán por los motivos que se consignan y conforme a las siguientes normas:
Afecciones o lesiones de corto tratamiento. Para la atención de afecciones o lesiones de corto tratamiento, que inhabiliten para el desempeño del trabajo, incluidas operaciones quirúrgicas menores, se concederá hasta cuarenta y cinco (45) días corridos de licencia por un año calendario en forma continua o discontinua con percepción íntegra de haberes. Vencido este plazo, cualquier otra licencia que sea necesario acordar en el curso del año por las causales enunciadas, será sin goce de haberes.
Enfermedad en horas de labor. Si por enfermedad, el agente debiera retirarse del servicio, se considerará el día como licencia por enfermedad de corto tratamiento si hubiere transcurrido menos de media jornada de labor y se le concederá permiso de salida, sin reposición horaria, cuando hubiere trabajado mas de media jornada.
Afecciones o lesiones de largo tratamiento. Para la atención de afecciones o lesiones de largo tratamiento que inhabiliten para el desempeño del trabajo y para los casos de intervenciones quirúrgicas no comprendidas en el inciso a) "afecciones o lesiones de corto tratamiento", hasta dos (2) años con goce íntegro de haberes, un (1) año con el cincuenta (50) por ciento y un (1) año sin goce de haberes, vencido el cual quedará extinguida la relación de empleo. Para el otorgamiento de esta licencia no será necesario gozar previamente los cuarenta y cinco (45) días a que se refiere el inciso a) "afecciones o lesiones de corto tratamiento"
Accidentes de trabajo. Por cada accidente de trabajo o enfermedad profesional, se concederá hasta dos (2) años con goce íntegro de haberes, un (1) año sin goce de haberes, vencido el cual, quedará extinguida la relación de empleo. Los sueldos percibidos en virtud del presente inciso, no son deducibles de los montos que por aplicación de otras disposiciones legales corresponda abonar en concepto de indemnización por dichas causales.
Incapacidad. Cuando se compruebe que las lesiones o enfermedades por las que se hubiera acordado licencia con arreglo a lo previsto en los incisos c) "afecciones o lesiones de largo tratamiento" y d) "accidentes de trabajo", son irreversibles o han tomado un carácter definitivo, los agentes afectados serán reconocidos por una junta médica de la Secretaría de Estado de Salud Pública, la que determinará el grado de capacidad laborativa de los mismos, aconsejando en su caso el tipo de funciones que podrán desempeñar, así como también el horario a cumplir, que no podrá ser inferior a cuatro (4) horas diarias. Esta excepción se acordará con goce íntegro de haberes por un lapso que no podrá extenderse por mas de un (1) año en todo el curso de su carrera. En caso de que la incapacidad dictaminada sea total, se aplicarán las leyes de seguridad social.
Anticipo del haber de pasividad. En el supuesto que la incapacidad este amparada por jubilación por invalidez, a partir del momento que así se determine y hasta la fecha en que el organismo previsional respectivo acuerde el beneficio, se le abonará el noventa y cinco (95) por ciento del monto que se estime le corresponda como haber jubilatorio, por un plazo máximo de doce (12) meses. Este importe se liquidará con carácter de anticipo del haber de pasividad y el mismo deberá ser reintegrado por el organismo previsional al que efectuó el pago.
Maternidad. Las licencias por maternidad, se acordarán conforme a las leyes vigentes. A petición de parte y previa certificación de autoridad médica competente que así lo aconseje, podrá acordarse cambio de destino o de tareas a partir de la concepción y hasta el comienzo de la licencia por maternidad. En caso de parto múltiple, el período siguiente al parto se ampliará en diez (10) días corridos por cada alumbramiento posterior al primero. En el supuesto de parto diferido se ajustará la fecha inicial de la licencia, justificándose los días previos a la iniciación real de la misma, con arreglo a lo previsto en el artículo 10, incisos a) "afecciones o lesiones de largo tratamiento". La disposición precedente será también de aplicación en los casos de partos con fetos muertos.
Tenencia con fines de adopción. El agente mujer que acredite que se le ha otorgado la tenencia de uno o mas niños de hasta siete (7) años de edad, con fines de adopción, se le concederá licencia especial con goce de haberes por un término de sesenta (60) días corridos, a partir del día hábil siguiente al de haberse dispuesto la misma.
Atención de hijos menores. El agente cuya esposa fallezca y tenga hijos menores de hasta siete (7) años de edad, tendrá derecho a treinta (30) días corridos de licencia sin perjuicio de la que le corresponda por duelo.
Atención del grupo familiar. Para atención de un miembro del grupo familiar que se encuentre enfermo o accidentado y requiera la atención personal del agente, hasta veinte (20) días corridos por año calendario, continuos o discontinuos, con goce de haberes. Este plazo podrá prorrogarse sin goce de sueldo hasta un máximo de noventa (90) días mas. En el certificado de enfermedad respectivo, la autoridad que lo extienda deberá consignar la identidad del paciente.
Declaración jurada sobre el grupo familiar. Los agentes comprendidos en el presente régimen queda obligados a presentar ante los respectivos servicios de personal, una declaración jurada en la que consignarán los datos de las personas que integran su grupo familiar, entendiéndose por tales aquellas que dependan de su atención y cuidado.
Incompatibilidad. Las licencias comprendidas en este artículo son incompatibles con el desempeño de cualquier función pública o privada. Las incompatibilidades de este orden darán lugar al descuento de los haberes devengados durante el período de licencia usufructuado, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder.
Art. 11º - Condiciones Generales. El otorgamiento de las licencias especiales para tratamiento de la salud se ajustará a las siguientes disposiciones:
Organismos competentes: Será de competencia de la Secretaría de Estado de Salud Pública la concesión y fiscalización de las licencias comprendidas en el presente capítulo, así como también la reducción horaria y el cambio de tareas o destino previsto en el artículo 10, incisos e) "incapacidad" y g) "maternidad". Los organismos comprendidos en el artículo 1º, que cuenten con servicios médicos de fiscalización suficientes, deberán solicitar a la Secretaría de Estado de Salud Pública la autorización para conceder las licencias previstas en el artículo 10, incisos a) "afecciones o lesiones de corto tratamiento" y j) "asistencia del grupo familiar" y resolver las situaciones referidas a licencias por maternidad. Quedan exceptuadas de lo dispuesto precedentemente, aquellas dependencias que a la fecha se encuentren habilitadas por disposiciones anteriores.
Servicios médicos competentes. Las licencias y franquicias por razones de salud o maternidad previstas en el presente régimen, no podrán ser acordadas, en ningún caso por servicios médicos que dependan jerárquica o funcional mente de Obras Sociales o Mutuales.
Certificado de aptitud psicofísica. La Secretaría de Estado de Salud Pública es la única autoridad competente para expedir al aspirante el certificado de aptitud requerido para ingresar a la Administración Pública Nacional. Si del correspondiente examen surgieran reparos para otorgarle el certificado definitivo de aptitud, podrá extendérsele uno de carácter provisorio, renovable periódicamente por lapsos que en total no excedan los ciento ochenta (180) días corridos, a cuyo vencimiento corresponderá expedirse en forma definitiva sobre la aptitud del agente. En caso de que el dictamen médico determinara que no reúne las condiciones psicofísicas requeridas para el cargo, deberá cancelarse la designación.
Acumulación de períodos de licencia. Cuando el agente se reintegre al servicio agotado el término máximo de la licencia prevista en el artículo 10, inciso c) "afecciones o lesiones de largo tratamiento", no podrá utilizar una nueva licencia de este carácter hasta después de transcurridos tres (3) años de servicio. Cuando dicha licencia se otorgue por períodos discontinuos, los mismos se irán acumulando hasta cumplir los plazos indicados, siempre que entre los períodos no medie un término de tres (3) años sin haber hecho uso de licencias de este tipo. De darse este supuesto, aquellos no serán considerados y el agente tendrá derecho a la licencia total a que se refiere dicho inciso.
Denuncia de accidente. La denuncia de accidente de trabajo deberá efectuarse de inmediato ante el organismo en que se desempeñe el agente y ante la autoridad policial, cuando este ocurra en la vía pública dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producido el accidente, salvo que por razones de fuerza mayor, debidamente justificadas, no pudieran cumplimentarse en término dichas comunicaciones, en cuyo caso deberán realizarse inmediatamente desaparecidas aquellas causas. Cualquier accidente sufrido por el agente en el trayecto de ida o regreso entre su domicilio y el lugar de trabajo, siempre que no hubiese sido interrumpido en beneficio del agente, será causal para incluir la licencia que fuese necesario concederle, con cargo al artículo 10, inciso d) "accidente de trabajo". El organismo donde revista el agente deberá remitir a la Secretaría de Estado de Salud Pública copia autenticada del acta de denuncia del accidente, dentro de los treinta (30) días corridos de ocurrido aquel.
Gastos de asistencia. En los casos comprendidos en el artículo 10, inciso d) "accidente de trabajo", los gastos de asistencia médica y los elementos terapéuticos necesarios para la atención del agente estarán a cargo del organismo en el cual el mismo reviste, en todos los aspectos que no sean solventados por los respectivos servicios sociales.
Agente fuera de su residencia. El agente que solicitara licencia por razones de salud o maternidad y que se encontrara en el país fuera de su residencia habitual, en un lugar en que no hubiera delegación médica de la Secretaría de Estado de Salud Pública o del organismo a que pertenece o de otro nacional, Provincial o municipal, deberá acompañar la certificación del médico de policía del lugar, y si no hubiera, de médico particular refrendada por autoridad policial. A efectos de mejor proveer deberá adjuntar asimismo todos los elementos de juicio que permitan al servicio médico establecer la existencia real de la causal invocada.
Agentes en el extranjero. Cuando un agente se encontrara en el extranjero y solicitara licencia por enfermedad deberá presentar o remitir para su justificación al servicio médico competente, los certificados extendidos por autoridades médicas oficiales del país donde se encontrare, legalizados por el Consulado de la República Argentina.
De no existir, las autoridades a que se hace referencia, el interesado recabará ente la policía del lugar una constancia que acredite tal supuesto, teniendo entonces validez el certificado de médico particular, legalizado por el Consulado de la República Argentina.
Prohibición de ausentarse. Los agentes en uso de las licencias previstas en los incisos a) "afecciones o lesiones de corto tratamiento", c) "afecciones o lesiones de largo tratamiento", d) "accidentes de trabajo" y j) "asistencia del grupo familiar", del artículo 10, no podrán ausentarse del lugar de su residencia o, en su caso, de la del familiar enfermo, sin autorización del servicio médico que hubiera acordado la respectiva licencia. De no cumplir con este requisito, la misma le será considerada sin goce de sueldo a partir de la fecha en que se compruebe la falta, sin perjuicio de las sanciones que correspondan.
Cancelación por restablecimiento. Las licencias concedidas por causas de enfermedad o accidentes podrán ser canceladas si las autoridades médicas respectivas estimaren que se ha operado el restablecimiento total antes de lo previsto. El agente que antes de vencido el término de la licencia se considere en condiciones de prestar servicios, deberá solicitar su reincorporación.
Jornada múltiple: En los casos en que el agente esté afectado a una jornada múltiple de labor, al otorgársele licencia por los conceptos previstos en el artículo 10, incisos a) "afecciones o lesiones de corto tratamiento" y j) "asistencia del grupo familiar", deberán computarse tantos días como jornadas normales comprenda la que aquel cumple.
Art. 12º - Sanciones. Se considerará falta grave toda simulación o falsedad con el fin de obtener licencia o justificación de inasistencias. El agente incurso en estas faltas o en la de incompatibilidad prevista en el artículo 10, inciso i) "incompatibilidad", será sancionado conforme al régimen disciplinario vigente. Igual procedimiento se seguirá con el funcionario médico que extienda certificación falsa.


CAPITULO IV
LICENCIAS EXTRAORDINARIAS
Art. 13º - Conceptos. Las licencias extraordinarias serán acordadas con o sin goce de haberes, conforme a las siguientes normas:
Con goce de haberes
Para rendir exámenes. La licencia por exámenes se concederá por un lapso de veintiocho (28) días laborables a los agentes que cursen estudios terciarios o posgrado y de doce (12) días laborables para los estudiantes de nivel secundario, en ambos casos por año calendario, siempre que los mismos se rindan en establecimientos de enseñanza oficial o incorporados o en universidades privadas reconocidas por el gobierno de la Nación. Este beneficio será acordado en plazos de hasta seis (6) días por examen de nivel terciario o posgrado y hasta tres (3) días para los secundarios. Al reintegrarse al servicio, el agente deberá presentar el o los comprobantes de que ha rendido examen, extendido por el respectivo establecimiento educacional.
Para realizar estudios o investigaciones. Podrá otorgarse licencia para realizar estudios o investigaciones científicas, técnicas o culturales en el país o en el extranjero cuando por su naturaleza resulten de interés para el organismo en que revista el agente. En el caso que dichos estudios se realicen en el país, solo se acordará esta licencia cuando, por razones debidamente acreditadas, la realización de los mismos cree incompatibilidad horaria con el desempeño del cargo. Para el otorgamiento de esta licencia, deberá contarse, según la materia, con dictamen favorable de alguno de los siguientes organismos: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Comisión Nacional de la UNESCO, Instituto Nacional de la Administración Pública, Comité Nacional Argentino (FAO), Fondo Nacional de las Artes u organismos internacionales de los cuales forme parte nuestro país. La duración de esta licencia no podrá extenderse por mas de dos (2) años. El agente a quien se conceda este beneficio quedará obligado a permanecer en su cargo por un período igual al doble del lapso acordado, cuando este supere los tres (3) meses. Asimismo, al término de la licencia acordada, deberá presentar ante la autoridad superior de su organismo un trabajo relativo a las investigaciones o estudios realizados. En caso que el agente, voluntariamente pase a desempeñarse en otro organismo de la Administración Pública Nacional, sin que medie interrupción del servicio, la obligación de permanecer se entenderá cumplida en el último solamente si los estudios realizados fueran de aplicación en la función que se le asigne en el nuevo destino. El agente que no cumpliera el término de permanencia obligatoria deberá reintegrar el importe de los sueldos correspondientes al período de licencia usufructuado. En caso de que el período de permanencia obligatoria se cumpliera en forma parcial, los reingresos se efectuarán en forma proporcional. Para tener derecho a esta licencia deberá contar con una antigüedad ininterrumpida de un (1) año en la Administración Pública Nacional, en el período inmediato anterior a la fecha en que formule el pedido respectivo.
Para realizar estudios en la Escuela de Defensa Nacional. A los agentes designados para concurrir a los cursos superiores que dicte la Escuela de Defensa Nacional, se les otorgará licencia por el término que demande el respectivo período lectivo. El agente a quien se conceda este beneficio quedará obligado a permanecer en su cargo por un período igual al doble del lapso acordado. El agente que no cumpliere el término de permanencia obligatoria deberá reintegrar el importe de los sueldos correspondientes al período de licencia usufructuado. En caso de que el período de permanencia obligatoria se cumpliera en forma parcial, los reintegros se efectuarán en forma proporcional.
Matrimonio del agente o de sus hijos. Corresponderá licencia por el término de diez (10) días laborables al agente que contraiga matrimonio. Se concederán dos (2) días laborables a los agentes con motivo del matrimonio de cada uno de sus hijos. En todos los casos deberá acreditarse este hecho ante la autoridad pertinente.
Para actividades deportivas no rentadas. La licencia por actividades deportivas no rentadas se acordará conforme a las disposiciones legales vigentes.
Servicio militar obligatorio. La licencia por servicio militar obligatorio se otorgará con el cincuenta (50) por ciento de haberes. En los casos en que el período de incorporación fuera superior a seis (6) meses, la licencia se extenderá hasta quince (15) días después de la fecha de baja registrada en la Libreta de Enrolamiento o Documento Unico, y hasta cinco (5) días posteriores a la fecha de baja si el período cumplido fuera inferior a ese lapso, o el agente fuera declarado inepto o exceptuado. La extensión de cinco (5) a quince (15) días a que se hace referencia, se considerará en días corridos y tendrá carácter optativo para el agente. Los días de viaje por traslado desde el lugar donde cumplió con el servicio militar, hasta el asiento habitual de sus tareas, no serán incluidos en los términos de la licencia fijados precedentemente y se justificarán independientemente con el cincuenta (50) por ciento de haberes. Los recargos de servicios por causas imputables al agente se considerarán como licencia sin goce de haberes. Al agente que se incorpore para cumplir con el servicio militar obligatorio y se le asigne el carácter de oficial en comisión, percibirá como única retribución la correspondiente a su grado militar, salvo que esta sea inferior al cincuenta (50) por ciento de la retribución que percibe en el cargo civil con arreglo a esta cláusula, en cuyo caso el organismo al que pertenece deberá abonarle la diferencia.
Para incorporación como reservista. Al personal que en carácter de reservista fuera incorporado transitoriamente a las Fuerzas Armadas o de Seguridad, se le acordará licencia por el término que demande su incorporación, con arreglo a las normas legales vigentes en la materia.
Sin goce de haberes.
Ejercicio transitorio de otros cargos. El agente que fuera designado o electo para desempeñar funciones superiores de gobierno en el orden nacional, provincial o municipal, queda obligado a solicitar licencia sin percepción de haberes, que se acordará por el término en que ejerza estas funciones.
Razones particulares. El agente podrá hacer uso de licencia por asuntos particulares en forma continua o fraccionada hasta completar seis (6) meses dentro de cada decenio, siempre que cuente con dos (2) años de antigüedad ininterrumpida en la Administración Pública Nacional, en el período inmediato anterior a la fecha en que formule el pedido respectivo. Esta licencia se acordará siempre que no se opongan razones de servicios. El término de licencia no utilizada no puede ser acumulado a los decenios subsiguientes. Para tener derecho a esta licencia en plazo mínimo de dos (2) años entre la terminación de una y la iniciación de la otra. No podrá adicionarse a las licencias previstas en los Apartados I inciso b) "para realizar estudios o investigaciones" y II incisos a) "ejercicio transitorio de otros cargos" y c) "razones de estudio" del presente artículo, debiendo mediar, para gozar de esta licencia, una prestación efectiva ininterrumpida de servicio de seis (6) meses, en el período inmediato anterior a la fecha en que formule el pedido respectivo.
Razones de estudio. Se otorgará licencia por razones de estudios de especialización, investigación, trabajos científicos, técnicos y culturales o para participar en conferencias o congresos de esa índole, en el país o en el extranjero, sea por iniciativa particular, estatal o extranjera, o por el usufructo de becas. Los períodos de licencia comprendidos en este inciso no podrán excederse de un (1) año por cada decenio, prorrogable por un (1) año mas, en iguales condiciones, cuando las actividades que realice el agente guarden relación con las funciones que le competen. Para usufructuar esta licencia deberá contarse con una antigüedad ininterrumpida de un (1) año en la Administración Pública Nacional, en el período inmediato anterior a la fecha en que formule el pedido respectivo y no podrá adicionarse a la licencia prevista en el precedente inciso b) "razones particulares", debiendo mediar entre ambas una real prestación de servicios de seis (6) meses.
Para acompañar al cónyuge. Esta licencia se acordará al agente cuyo cónyuge fuera designado para cumplir una misión oficial en el extranjero o en el país a mas de cien (100) kilómetros del asiento habitual de sus tareas y por el término que demande la misma, siempre que tal misión tenga una duración prevista o previsible de mas de sesenta (60) días corridos.
Cargos, horas de cátedras. Al personal, amparado por estabilidad, que fuera designado para desempeñarse en un cargo de mayor jerarquía, sin estabilidad, incluidos los de carácter docente, en el orden nacional, y que por tal circunstancia quedare en situación de incompatibilidad se le acordará licencia sin goce de sueldo, en la función que deje de ejercer por tal motivo, por el término que dure esa situación. Cuando el orden jerárquico no pueda determinarse deberá tratarse de un puesto de mayor remuneración.


CAPITULO V
JUSTIFICACION DE INASISTENCIAS
Art. 14º - Los agentes tienen derecho a la justificación con goce de haberes de las inasistencias en que incurran por las siguientes causas y con las limitaciones que en cada caso se establecen:
Nacimientos:
· El agente varón, por nacimiento de hijo tres (3) días laborables.
Fallecimiento:
· Por fallecimiento de un familiar ocurrido en el país o en el extranjero, con arreglo a la siguiente escala:
Del cónyuge o parientes cosanguíneos en primer grado: cinco (5) días laborables.
De parientes cosanguíneos de segundo grado y afines de primero y segundo grado:
tres (3) días laborables.
Razones especiales:
Inasistencias motivadas por fenómenos metereológicos y casos de fuerza mayor, debidamente comprobados.
Donación de sangre:
El día de la donación, siempre que se presente la certificación médica correspondiente.
Revisación previa para el servicio militar obligatorio:
Para la revisación médica previa a la incorporación a la Fuerzas Armadas o de Seguridad para cumplir con el servicio militar obligatorio, o por otras razones relacionadas con el mismo fin. Las justificaciones estarán condicionadas a la previa presentación de las citaciones emanadas del respectivo organismo militar.
Razones particulares:
Por razones particulares hasta seis (6) días laborables por año calendario y no mas de dos (2) por mes.
Mesas examinadoras:
Cuando el agente deba integrar mesas examinadoras en establecimientos oficiales o incorporados o en universidades privadas reconocidas por el Gobierno Nacional, y con tal motivo se creará conflicto de horarios, se le justificarán hasta doce (12) días laborables en el año calendario.
Exceso de inasistencias.
Las inasistencias que excedan los términos fijados en los incisos f) "razones particulares" y g) "mesas examinadoras", o aquellas en que incurra el personal por causas no previstas en el presente artículo, pero que obedezcan a razones atendibles, se podrán justificar sin goce de sueldo hasta un máximo de seis (6) días por año calendario y no mas de dos (2) por mes.


CAPITULO VI
FRANQUICIAS
Art. 15º - Se acordarán franquicias en el cumplimiento de la jornada de labor en los casos y condiciones que seguidamente se establecen:
Horarios para estudiantes:
Cuando el agente acredite su condición de estudiante en establecimientos de enseñanza oficial o incorporados, o en universidades reconocidads por el Gobierno Nacional y documente la necesidad de asistir a los mismos en horas de oficina, podrá solicitar un horario especial o permisos sujetos a la correspondiente reposición horaria, los que serán otorgados siempre que no se afecte el normal desenvolvimiento de los servicios.
En el supuesto de que por la naturaleza de los servicios resulte posible acceder a lo solicitado, el agente podrá optar por una reducción de dos (2) horas en su jornada de labor, debiendo efectuarse en ese caso sobre su remuneración regular, total y permanente una deducción del veinte (20) por ciento durante el término en que cumpla ese horario de excepción.
Reducción horaria para agentes madres lactantes.
Los agentes madres lactantes tendrán derecho a una reducción horaria con arreglo a las siguientes opciones:
Disponer de dos (2) descansos de media hora cada uno para atención de su hijo en el transcurso de la jornada de trabajo.
Disminuir en una (1) hora diaria su jornada de trabajo, ya sea iniciando su labor una hora después del horario de entrada o finalizándola una hora antes.
Disponer de una (1) hora en el transcurso de la jornada de trabajo.
Esta franquicia se acordará por espacio de doscientos cuarenta (240) días corridos a partir de la fecha de nacimiento del niño. Dicho plazo podrá ampliarse en casos especiales y previo examen médico del niño que justifique la excepción hasta trescientos sesenta y cinco (365) días corridos. En caso de nacimientos múltiples se le concederá a la agente dicha prórroga sin examen previo de los niños.
La franquicia a que se alude y su prórroga solo alcanzará a las agentes cuya jornada de trabajo sea superior a cuatro (4) horas diarias.
Asistencia a congresos.
Las inasistencias en que incurra el personal con motivo de haber sido autorizado a concurrir a conferencias, congresos o simposios que se celebren en el país con auspicio oficial, o declarados de interés nacional, serán justificadas con goce de haberes.